Injerencia periodística
Cómo EEUU financia órganos de prensa de todo mundo para comprar influencia mediática
por Jeremy Bigwood
Las campañas domésticas de propaganda como «el fiasco de los gurúes del Pentágono» resultaron expuestas al escarnio público. Los grandes medios emplearon a oficiales militares de alta graduación para escribir «análisis» sobre la guerra en Iraq. Pero se descubrió que tenían lazos con empresas contratistas del Pentágono interesadas en la prosecución de la guerra.
Libaneses de Beruit observan Alhurra, una red de televisión en lengua árabe financiada por EEUU. En árabe, el nombre del canal satelital significa «el libre».
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Debajo del radar, está fermentando otro escándalo del periodismo: el gobierno de EEUU está financiando secretamente a medios de noticias y periodistas extranjeros. Reparticiones públicas como el departamento de Estado, el departamento de Defensa, la Agencia de EEUU para el Desarrollo Internacional (US Agency for International Development, USAID), el Fondo Nacional para la Democracia (National Endowment for Democracy, NED), el Consejo Superior de Radiodifusión (Broadcasting Board of Governors, BBG) y el Instituto de EEUU para la Paz (US Institute for Peace, USIP), financian el "desarrollo de los medios" en más de 70 países.
La revista In These Times descubrió que estos programas mantienen a centenares de organizaciones no gubernamentales extranjeras (ONGs), periodistas, políticos, asociaciones de periodista, medios informativos, institutos de mejoramiento de periodistas y facultades académicas de periodismo. El tamaño de los aportes puede extenderse desde algunos miles a millones de dólares.
"El tema que estamos enseñando es la mecánica del periodismo, así sea prensa escrita, televisión o radio", explicó Paul Koscak, portavoz de la USAID. "Cómo hacer una historia, cómo escribir balanceadamente..., todo ese tipo de cosa que usted esperaría de un verdadero profesional de prensa".
Pero alguna gente, especialmente fuera de EEUU, tiene un punto de vista diferente.
"Pensamos que la verdadera intención oculta en estos programas de desarrollo de los medios son los objetivos de la política exterior [estadounidense]", argumentó un diplomático venezolano de alto nivel que pidió no ser identificado. "Cuando el objetivo es cambiar un régimen, estos programas han demostrado ser instrumentos para desestabilizar gobiernos democráticos elegidos que Estados Unidos no apoya".
Isabel MacDonald, directora de comunicaciones de Fairness and Accuracy in Reporting (FAIR) –Imparcialidad y Transparencia en la Información–, un observatorio de medios de Nueva York sin fines de lucro, también tiene una visión crítica. "Éste es un sistema que, a despecho de su profesada adhesión a las normas de la objetividad, a menudo trabaja contra la verdadera democracia" –dijo– "apoyando la disensión sofocante y sin discriminar la información falsa que resulta útil a los objetivos de la política exterior de EEUU".
Muéstreme la agencia...
Resulta difícil medir el tamaño y el alcance del desarrollo de estos medios “independientes” porque existen programas similares disfrazados bajo diversos rubros. Algunas agencias consideran que el "desarrollo de los medios" pertenece a su propio campo, mientras otras lo categorizan como "diplomacia pública" u "operaciones psicológicas". Así, resulta difícil establecer cuánto dinero ingresa a esos programas.
En diciembre de 2007, el Centro para la Ayuda Internacional a los Medios, (Center for International Media Asístanse, CIMA), una repartición del departamento de Estado financiada por el NED, reportó que en 2006 la USAID distribuyó casi 53 millones de dólares en actividades de desarrollo de medios extranjeros. Según el estudio del CIMA, el departamento de Estado proporcionó un estimado de 15 millones de dólares a tales programas. El presupuesto del NED para los proyectos de los medios asciende a 11 millones adicionales. Y el pequeño Instituto para la Paz de EEUU (USIP), con sede en Washington, pudo haber contribuido hasta con 1,4 millones más, según el informe, que no examinó el financiamiento que otorgan a los medios el departamento de Defensa ni la CIA.
El gobierno de EEUU es el proveedor más grande de fondos para el desarrollo de los medios informativos en todo el mundo, habiendo destinado más de 82 millones de dólares en 2006, sin incluir el dinero del Pentágono, de la CIA o de las embajadas de EEUU en los países receptores. Para complicar el cuadro, muchas ONGs extranjeras y periodistas reciben fondos para el desarrollo de los medios de otras fuentes de financiamiento del gobierno de EEUU. Algunos reciben plata de varios subcontratistas de EEUU y de "organizaciones internacionales independientes sin fines de lucro", mientras que otros reciben dinero directamente de la embajada de EEUU en su país.
Tres periodistas extranjeros que reciben financiamiento para el desarrollo de los medios de EEUU dijeron a In These Times que tales regalos no afectan su comportamiento ni alteran su línea editorial. Y niegan que practiquen auto-censura. Ninguno, sin embargo, diría esto en el expediente.
Gustavo Guzmán, un ex periodista y ahora embajador boliviano en EEUU, dijo: "un periodista que reciba tales obsequios no es verdaderamente un periodista, sino un mercenario".
Una historia torcida
El financiamiento del gobierno de EEUU a medios extranjeros tiene una larga historia. A mediados de los años 70, dos investigaciones del Congreso derivadas de Watergate, las comisiones Church y Pike, del senador Frank Church (D-Idaho) y del representante Otis Pike (D-NY), develaron las actividades encubiertas del gobierno de EEUU en otros países. Ambos comités confirmaron que, además de periodistas financiados por la CIA, extranjeros y estadounidenses, el gobierno de Washington también subvencionó medios impresos extranjeros, radios y cadenas de televisión, algo que también hacían los soviéticos.
Por ejemplo, Encounter, una revista literaria anti-comunista publicada en Inglaterra entre 1953 y 1990, fue desenmascarada en 1967 como una operación de la CIA. Y, al igual que en el caso de hoy, organizaciones de nombre benigno, tales como el Congreso por la Libertad de la Cultura, también fueron fachadas de la CIA.
Las investigaciones del Congreso establecieron que el financiamiento clandestino de EEUU a medios extranjeros desempeñó a menudo un papel relevante en la política exterior, pero en ninguna parte tanto como en Chile a comienzos de los años 70.
"La principal operación de propaganda de la CIA, a través del periódico de la oposición El Mercurio, probablemente contribuyó lo más directamente posible al derrocamiento sangriento del gobierno de Allende y de la democracia en Chile", dijo Peter Kornbluh, analista del National Security Archive (Archivo de Seguridad Nacional), un instituto de investigación no gubernamental independiente.
In These Times preguntó a la agencia si todavía financia a periodistas extranjeros. El portavoz de la CIA Paul Gimigliano respondió: "La CIA, de ordinario, no niega ni confirma públicamente esta clase de alegatos".
¿Enemigos del departamento de Estado?
El 19 de agosto de 2002, la embajada de EEUU en Caracas, Venezuela, envió el siguiente cable a Washington:
"Esperamos que la participación de Sr. Lacayo como Grant IV sea reflejada directamente en su reporte sobre asuntos políticos e internacionales, pues él asciende en su carrera, y mejorar nuestros lazos con él significaría ganar a un amigo potencialmente importante en posiciones de influencia editorial". [Nota del editor: El nombre del Sr. Lacayo se ha cambiado para proteger su identidad].
El departamento de Estado había elegido a un periodista venezolano para visitar EEUU bajo el proyecto conocido como Grant IV, un programa cultural de intercambio iniciado en 1961. El año pasado, el departamento trajo a unos 467 periodistas a EEUU, a un costo cercano a los 10 millones de dólares, según un funcionario del departamento del Estado que solicitó anonimato.
MacDonald, de FAIR, dijo que las "visitas sirven para construir lazos entre los periodistas extranjeros visitantes y las instituciones a condición de que... sean extremadamente acríticos de la política exterior de EEUU y de los intereses corporativos que sirve".
El departamento de Estado financia el desarrollo de los medios a través de varias de sus oficinas, incluyendo el Bureau de Asuntos Educacionales y Culturales (Bureau of Educational and Cultural Affairs, BECA), el Bureau de Inteligencia y de Investigación (Bureau of Intelligence and Research, INR) y el Bureau de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo (Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, DRL), así como directamente desde sus oficinas y embajadas regionales por todo el mundo. También financia a periodistas extranjeros a través de otra sección llamada Oficina de Diplomacia Pública y de Asuntos Públicos (Office of Public Diplomacy and Public Affaire, OPDPA). Lo más importante es que el departamento de Estado generalmente decide qué otras agencias, tales como la USAID y el NED, deben invertir sus fondos en desarrollo de los medios.
(El departamento de Estado no respondió a los requerimientos de información de In These Times respecto a su presupuesto para el desarrollo de los medios, pero el estudio del CIMA 2007 demuestra, por ejemplo, que sólo el DRL recibió en 2006 casi 12 millones de dólares para el desarrollo del periodismo.)
El caso de Bolivia es un ejemplo que revela cómo EEUU ha estado financiando el desarrollo de los medios informativos de un país. Según el sitio web del DRL [Bureau de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo], en 2006 esta oficina patrocinó en Bolivia 15 talleres sobre libertad de prensa y de expresión. "Los periodistas del país y los estudiantes de periodismo discutieron la ética profesional, las buenas prácticas de difusión de noticias y el papel de los medios en una democracia", afirmó el sitio. "Estos programas fueron enviados a 200 estaciones de radio en áreas remotas a través del país".
En 2006, Bolivia eligió a Evo Morales, su primer presidente indígena, cuyo acceso al gobierno en repetidas ocasiones intentaron impedir tanto EEUU como los grandes medios de Bolivia. Morales y sus partidarios alegan que el gobierno estadounidense está detrás de un movimiento separatista en las provincias del este de Bolivia, ricas en gas, y alegan que ese apoyo encubierto implicó reuniones para el desarrollo de los medios, según el periodista y anterior portavoz presidencial Alex Contreras. Koscak, de la USAID, negó los cargos.
Éste es el BBG
En 1999, el Consejo Gubernamental de Radiodifusión (BBG) se convirtió en una agencia federal independiente. Hasta 2006 recibió un presupuesto de 650 millones de dólares, según las estimaciones del CIMA, con cerca de 1,5 millones de dólares destinados al desarrollo de los medios y entrenamiento de periodistas en Argentina, Bolivia, Kenia, Mozambique, Nigeria y Paquistán.
Además de la Voz de América, el BBG también opera varias otras estaciones de radio y TV. La estación de televisión Alhurra, con sede en Springfield, Virginia, "es una red comercial libre de televisión vía satélite en lengua árabe para el Oriente Medio, dedicada sobre todo a noticias y a información", según su sitio web. Alhurra, “el libre” en árabe, ha sido descrita por el Washington Post como "el esfuerzo más grande y más costoso del gobierno de EEUU por sacudir a la opinión extranjera a través del éter desde la creación de la Voz de América en 1942".
BBG también financia Radio Sawa (para la juventud árabe, con presencia en Egipto, el Gofo Pérsico, Iraq, Líbano, Levante, Marruecos y Sudán), Radio Farda (para Irán) y Radio Asia Libre (con programación regional para Asia). El BBG también financia transmisiones a través de la Radio y TV Martí, cuyo gasto ascendería a casi 39 millones de dólares en el año fiscal 2008, según la Justificación del Presupuesto para Operaciones Extranjeras del Congreso (Foreign Operations Congressional Budget Justification).
Banda Del Pentágono
El departamento de Defensa (DOD) rechazó hablar con In These Times acerca de sus programas de desarrollo de los medios. Según un artículo de Jeff Perth, publicado en The New York Times el 11 de diciembre de 2005, "los militares operan estaciones de radio y periódicos [en Iraq y Afganistán] pero no destapan sus lazos estadounidenses".
La tarea del desarrollo de los medios en Iraq "fue conferida al departamento de Defensa, cuyos contratistas importantes tenían poca o ninguna experiencia relevante", según un informe del USIP de octubre 2007.
Un estudio 2007 del Centro de Estudios Globales de Comunicación de la Escuela Annenberg para la Comunicación, de la Universidad de Pennsylvania, descubrió que Science Applications International Corp. (SAIC), una contratista de largo tiempo del DOD, recibió un contrato inicial de 80 millones de dólares por un año para transformar en “independiente” un sistema de medios dirigido por el gobierno, mediante un estilo similar al del servicio de noticias nacionales de la BBC, para contrarrestar en parte la influencia que tenía Al Jazeera en la región.
"La supervisora SAIC era una oficina del DOD que se especializaba en operaciones de guerra psicológica, que muchos creen contribuyó a la opinión de los iraquíes de que la Red de Medios de Iraq (Iraq Media Network, IMN) era simplemente un apéndice de la Autoridad Provisional de la Coalición (Coalition Provisional Authority)", dijo el informe del USIP. "El funcionamiento de SAIC en Iraq fue considerado costoso, no profesional y fallido en cuanto a dotar de objetividad e independencia al IMN". SAIC, eventualmente, perdió eventual el contrato ante otra compañía, Harris Corp.
SAIC no fue el único subcontratista de medios del Pentágono que falló masivamente. Peter Eisler, en un artículo del 30 de abril en USA Today, aseguró que el sitio web iraquí de noticias Mawtani.com es otro medio de información financiado por el Pentágono.
USAID: «de la gente americana»
El presidente John F. Kennedy creó la Agencia de EEUU para el Desarrollo Internacional (USAID) en noviembre de 1961 para administrar ayuda humanitaria y el desarrollo económico por todo el mundo. Pero mientras la USAID se ufana de promover la transparencia en los asuntos de otras naciones, es poco transparente consigo misma. Esto es especialmente verdadero respecto a sus programas de desarrollo de los medios.
"En un número de países, incluyendo Venezuela y Bolivia, la USAID está actuando más como una agencia implicada en acción encubierta, como la CIA, que como una agencia de ayuda o desarrollo", dijo Mark Weisbrot, un economista del Centro para la Investigación Económica y Política (Center for Economic and Policy Research), un “tanque pensante” de Washington.
De hecho, mientras los investigadores han podido obtener los presupuestos generales de los programas globales de USAID recurriendo al Acta de Libertad de Información (Freedom of Information Act, FIA), así como los nombres de los países o de las regiones geográficas donde ha estado fluyendo el dinero, los nombres de las organizaciones extranjeras específicas que reciben estos fondos son secretos de estado, exactamente como en el caso de la CIA.
Y en los casos donde se conocen los nombres de las organizaciones receptoras y se solicita información sobre ellas, la USAID responde que no puede "confirmar o negar la existencia de antecedentes", usando el mismo lenguaje que la CIA. (Nota del autor: En 2006, perdí un pleito contra la USAID, en una tentativa por identificar a las organizaciones que financia en el exterior).
USAID financia tres importantes operaciones de desarrollo de los medios: la Investigación Internacional y Sostenimiento de Intercambios (International Research & Exchanges Board, más conocida como IREX), la red Internews Network y la Búsqueda para una Tierra Común (Search for Common Ground), que tiene gran parte de financiamiento privado. Para complicar el cuadro, esas tres operaciones también han recibido financiamiento del departamento de Estado, de la Iniciativa Sociedad del Oriente Medio (Middle East Partnership Initiative, MEPI), del Bureau de Inteligencia e Investigación (Bureau of Intelligence and Research) y del Bureau Democracia, Derechos Humanos y Trabajo.
Según sus folletos, IREX es una organización internacional sin fines de lucro que "trabaja con socios locales para mejorar el profesionalismo y la sustentabilidad económica a largo plazo de periódicos, estaciones de radio y televisión y medios de Internet". La declaración impositiva "990" de IREX indicó en 2006 que sus actividades con los medios incluyen "pequeñas becas concedidas a más de 100 periodistas y organizaciones de medios; entrenamiento para centenares de periodistas y empresas de medios" y tiene un personal de más de 400 empleados que resuelven consultas y despachan programas a más de 50 países.
La red Internews Network, llamada comúnmente "Internews", recibe sólo algo más de la mitad del presupuesto del IREX pero es más conocida. Fundada en 1982, la mayoría del financiamiento de Internews proviene de la USAID, aunque también recibe fondos del NED y del departamento del Estado. Internews es una de las operaciones más grandes en el negocio del desarrollo de los medios independiente, financiando a docenas de ONGs, periodistas, asociaciones de periodistas, institutos de entrenamiento y facultades académicas de periodismo en docenas de países a través del mundo.
Las operaciones de Internews se han cerrado en países tales como Bielorrusia, Rusia y Uzbekistán, donde ha sido acusada de minar a los gobiernos locales y promover las agendas de EEUU. En un discurso en Washington DC en mayo de 2003, Andrew Natsios, ex administrador de USAID, describió a los contratistas privados financiados por la Agencia como "un brazo del gobierno de EEUU".
El otro mayor receptor de fondos de USAID para el desarrollo de los medios, Search for Common Ground, recibe más dinero del sector privado que del gobierno de EEUU, en la mayoría de los casos por "resolución de conflictos", según el informe del CIMA.
Cuba e Irán son dos blancos importantes de la USAID para el desarrollo y asistencia de los medios. El presupuesto USAID para la "Libertad de los Medios y la Libertad de Información" (Media Freedom and Freedom of Information) –durante la "transición" de Cuba bajo la Comisión de Asistencia para una Cuba Libre II (Commission for Assistance to a Free Cuba II, CAFC II)– totaliza 14 millones de dólares. Esto representa un incremento de 10,5 millones respecto a la cantidad asignada en 2006. En Irán, la USAID ha presupuestado unos 25 millones de dólares para el desarrollo de medios durante el año fiscal 2008. Forma parte de un paquete de 75 millones destinados a lo que la USAID llama "diplomacia transformacional" en ese país.
Financiando “democracia” estilo USA "Mucho de lo que lo hoy hacemos lo hizo secretamente la CIA durante 25 años", dijo Allen Weinstein, uno de los fundadores del National Endowment for Democracy, en un artículo publicado en 1991 por The Washington Post.
Establecido a comienzos de los años 80, el NED "es gobernado por una junta directiva independiente, no partidaria". Su propósito pretende apoyar organizaciones favorables a la democracia alrededor del mundo. Sin embargo, históricamente, su agenda ha sido definida por los objetivos de la política exterior de Washington.
"Cuando se deja de lado la retórica de la democracia, el NED es una herramienta especializada en penetrar por debajo del nivel de origen popular a la sociedad civil de otros países" para alcanzar las metas de la política exterior de EEUU, escribió el profesor William Róbinson, de la Universidad Santa Bárbara, de California, en su libro A Faustian Bargain. Róbinson estuvo en Nicaragua a fines de los años 80 y observó cómo el trabajo del NED con la oposición nicaragüense apoyada por EEUU debilitaba la influencia de los sandinistas izquierdistas durante las elecciones de 1990.
El NED también estuvo bajo un gran escrutinio público en Venezuela, cuando se conoció que financiaba al movimiento anti-Chávez. En su libro El Código Chávez, la abogada venezolana-estadounidense Eva Golinger señaló que los beneficiarios del NED (y de la USAID) estuvieron implicados en la tentativa de golpe contra el presidente venezolano Hugo Chávez en 2002, como asimismo en la conducción gerencial de las "huelgas de trabajadores" contra la industria petrolera del país. Golinger también observó que el NED financió a Súmate, una ONG venezolana supuestamente destinada a promover el ejercicio libre de los derechos políticos de los ciudadanos que orquestó el fallido referéndum revocatorio contra Chávez en 2004.
Dependencia y obligación
El concepto de la separación de los poderes entre la prensa y el gobierno es un principio básico no sólo del sistema político de EEUU, sino también del artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. El financiamiento del gobierno de EEUU de cualquier medio de prensa altera las relaciones cliente-donante como para impedir considerarlo un medio independiente.
"Cualquier donación de equipos del gobierno de EEUU, tales como computadoras y grabadores, afecta el trabajo de los periodistas y a las organizaciones del periodismo", dijo Contreras, el periodista boliviano, "porque crea dependencia y una obligación a las agendas ocultas de las instituciones
Tuesday, July 08, 2008
Un episodio hasta hoy desconocido de la guerra de Bush - Preguntas sobre una frustrada operación de la CIA en Chile por Ernesto Carmona*
Un episodio hasta hoy desconocido de la guerra de Bush
Preguntas sobre una frustrada operación de la CIA en Chile
por Ernesto Carmona*
El Plan Condor, un sistema para secuestrar, torturar y eliminar físicamente a cualquier persona por sus ideas o tendencias políticas, que funcionó en América Latina, sobre todo en época de las dictaduras de Pinochet en Chile y Videla en Argentina, bajo auspicio de los EEUU sigue vigente hoy bajo otra forma y modalidad. Estas redes mundiales de represión trabajan a escala internacional y son capaces de actuar y secuestrar a cualquier persona y violar cualquier soberanía, incluso bajo régimen democrático. Cuentan con la complicidad de ciertas esferas estatales en el país donde intervienen. El caso chileno.
El presidente de la Comisión Europea estaría implicado en los vuelos secretos de la CIA
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En Chile están ocurriendo cosas tan extrañas como una fallida operación secreta de la CIA para secuestrar en Iquique a un ciudadano libanés supuestamente vinculado a Hezbollah. Esta historia, revelada por el diario de gobierno La Nación, no tuvo ninguna repercusión. Nadie preguntó quién autorizó esas operaciones extranjeras que suponen el ingreso de armas, equipos de espionaje y efectivos que en cualquier país ameritarían una autorización del Congreso Nacional.
La historia de espionaje CIA, relatada por Luis Narváez y Javier Rebolledo en el diario La Nación [1] del domingo 8 de junio, ocurrió en 2002, bajo el gobierno de Ricardo Lagos, pero salió a la luz en un informe reciente del departamento de Estado.
Bajo el título «El frustrado secuestro de la CIA», el diario asegura que en marzo pasado, un informe del Departamento de Estado norteamericano confirmó un episodio hasta hoy desconocido de la guerra de Bush contra el terrorismo islámico.
Con autorización oficial, la CIA practicó seguimientos, escuchas telefónicas y fotografías a árabes residentes en Iquique. Pero la colaboración se acabó cuando la agencia intentó plagiar a un ciudadano libanés vinculado a Hezbollah y la policía civil se negó a ser parte en el secuestro. Pareciera que la Agencia Nacional de Inteligencia de Chile (ANI) no enfrentó esta amenaza «terrorista», porque La Nación no le atribuye ningún protagonismo en esta intriga internacional, sino a una rama de la Policía de Investigaciones llamada Jefatura de Inteligencia Policial (Jipol).
¿Quién es el ciudadano libanés? El matutino asegura que le cambió la identidad para protegerlo, llamándolo «Arafat Ismail».
Se trataría de un comerciante que se instaló en la zona franca de Iquique después de la destrucción de las Torres Gemelas de Nueva York, el 11 de septiembre 2001. Sin embargo, pareciera que la presa de la CIA era Assad Ahmad Barakat, supuestamente vinculado a «Arafat Ismail».
Para la CIA, Barakat es la cara visible de los negocios de una supuesta red de Hezbollah en Ciudad del Este, Paraguay, zona franca enclavada en la Triple Frontera con Argentina y Brasil, paraíso del contrabando y la falsificación industrial de relojes Rolex, cámaras, perfumes y toda clase de productos de “marca”.
Según La Nación para «la Secretaría de Prevención del Terrorismo de Paraguay, Barakat es jefe militar de Hezbollah en la triple frontera. De acuerdo a los antecedentes que maneja investigaciones, ingresó a Chile el 25 de junio de 2001, momento en que realizó los trámites para concretar su solicitud de residencia, registrando como domicilio particular Avenida Arturo Prat número 2748, departamento 11, Iquique". El diario dice que es el mismo domicilio que después dio "Ismail».
La Nación aseguró que una «fresca mañana de marzo de 2002 un equipo de agentes encubiertos de la CIA en Iquique preparaba la que sería una de las acciones más audaces en la región». Añadió que «cinco personajes esperaban las órdenes del líder del grupo, una mujer robusta e impecablemente vestida, que se movilizaba en un vehículo con patente roja: era M. T. Para el común de la gente, ella sólo cumplía labores diplomáticas, pero en verdad era la jefa de la CIA en Chile».
Destino: Guantánamo
La Nación : «El plan que tenían los estadounidenses parecía simple. Harían todos los arreglos para que ingresara un avión de transporte indetectable a los radares. Aterrizaría a poca distancia de Iquique, en pleno desierto. Los policías chilenos debían cumplir con el trabajo operativo: apresar al libanés y transportarlo hasta el lugar. Ahí terminaba su labor. Si bien los estadounidenses no comentaron donde lo llevarían, señalaron que necesitaban urgentemente someterlo a un interrogatorio. Aunque nunca se conversó de manera explícita, los agentes de la policía civil sabían que su destino sería la cárcel de Guantánamo o algún centro clandestino. Lo que sí se encargaron de asegurar los integrantes de la CIA es que Chile no se vería involucrado, ni siquiera de forma indirecta, en la operación. Se informaría oficialmente que Ismail había sido apresado dentro de las fronteras de Estados Unidos. Como argumento a su favor, los estadounidenses contaban que cuando Arafat Ismail ingresó a Chile, entregó como domicilio privado el mismo departamento de calle Arturo Prat en que había fijado su residencia Barakat».
El «reportaje» se basa también en un informe publicado el 30 de marzo de 2007 por el Departamento de Estado «donde comunica detalladamente al Congreso de su país las actividades realizadas en todo el mundo a partir del 11/S de 2001, especialmente las de los últimos años». Según ese documento, "funcionarios (chilenos) monitorearon posibles vínculos entre extremistas de la Zona de Libre Comercio de Iquique (Zofri) y los del área de la Triple Frontera, cuando aumentan los lazos comerciales entre ambas áreas".
En lo medular, el diario destacó “la cooperación desde un comienzo con Estados Unidos una vez firmados los convenios sobre la lucha antiterrorista tras los ataques en Nueva York y Washington”. Y añadió que “en la práctica, esto derivó en un intercambio no sólo a nivel policial, sino en la creación de un sistema que facilitó la intervención, en toda Sudamérica, de los organismos de inteligencia de EEUU, especialmente de la Agencia Central de Inteligencia, (CIA)”.
Entrado marzo de 2002, “los funcionarios de la CIA eran cada vez más insistentes respecto a la necesidad de apresar a Arafat Ismail”, dijo La Nación. “Un testigo ocular de una tensa conversación entre la diplomática y uno de los jefes del grupo de policías chilenos aseguró a La Nación Domingo que "se hizo una petición explícita para que el equipo chileno apresara al libanés en el menor tiempo posible".
¿Policías «buenos»?
Pero también existirían policías «buenos», o por lo menos respetuosos del estado de derecho.
La Nación: «La presión que ejercieron los agentes de la CIA fue extremadamente fuerte. Al arduo trabajo de los seguimientos, escuchas telefónicas, fotografías y análisis a las empresas de los ciudadanos de origen libanés en Chile, ahora se sumaba la voluntad expresa de la inteligencia estadounidense de cometer una acción que, para los chilenos, era absolutamente ilegal y contraria al Estado de Derecho».
Según el diario, «los detectives se ciñeron la Constitución chilena y se excusaron señalando que no tenían una orden judicial ni razones concretas para sospechar que Ismail había cometido un ilícito en territorio nacional. La misma fuente, relató que ‘la funcionaria dijo que lo único que teníamos que hacer era agarrarlo y llevarlo para que ellos lo sacaran en un avión’. Los policías chilenos insistieron en que llevar a cabo esa acción importaba una abierta violación a los derechos de Ismail, lo que, según las mismas fuentes, a la larga resultó determinante para evitar el secuestro».
«No sólo era una acción ilegal y contraria al Estado de Derecho. Si hubiésemos colaborado, habríamos puesto al país en riesgo máximo de recibir una represalia de alguno de los movimientos islámicos fundamentalistas, como ha ocurrido en otros países", aseguró a La Nación “un alto jefe policial de la época».
El diario afirmó que “los antecedentes con que cuenta este medio indican que los funcionarios chilenos que se negaron a cumplir la misión especial de la CIA, dieron cuenta al director de la Jipol, Luis Henríquez”.
Epílogo y preguntas que nadie formula
El epílogo fue que “Arafat Ismail” abandonó Chile “por su cuenta” a mediados de 2002 y no fue a parar con sus huesos y en secreto a Guantánamo donde 270 seres humanos se pudren en una inhumana “prisión preventiva” acusados de “terrorismo”, muchos sin saber de qué se les acusa y la mayoría sin que se les hayan formulado cargos específicos, excepto 19 juicios militares sin ninguna garantía de equidad, todavía no iniciados y ahora en tela de juicio por una decisión de la Suprema Corte del 13 de junio permitiendo por tercera vez que los detenidos acudan a tribunales civiles federales donde el gobierno de Bush debe justificar sus acusaciones.
Las dos decisiones anteriores de la Corte no fueron tomadas en cuenta por el “estado de derecho” impuesto por la virtual dictadura de Bush. Y un segundo epílogo fue que en octubre 2002, M.T., la funcionaria de la embajada de EEUU en Chile y encargada de la CIA también abandonó el país”.
Pero más allá de la CIA haya terminado frustrada, quedan flotando muchas preguntas sin respuesta:
–¿Quién o quiénes autorizaron el ingreso de estos agentes al país?
–¿Cómo ingresaron los agentes de la CIA al país?
–¿Con qué documentos de identidad pasaron las fronteras y el control de la Policía Internacional?
–¿Con qué armamento e instrumentos tecnológicos de persecución y utilización policial ingresaron al país y cuánto dinero acreditaron para su estadía en Chile?
–Si ingresaron con documentación falsa, ¿fueron advertidos los policías que controlan el ingreso al país de cualquier ciudadano?
–¿Qué lección sacaron los detectives de Policía Internacional tras su experiencia con el ingreso de Alberto Fujimori a Santiago en 2005?
–¿Cuántos procedimientos de control policial se violaron con el ingreso de los agentes CIA?
–¿Quiénes elaboraron y archivaron las bitácoras de ingreso de los agentes de la CIA a Chile?
–¿Qué vehículos ingresaron al país?, ¿utilizaron placas diplomáticas para desplazarse en Chile?, ¿eran vehículos de la Embajada o vehículos arrendados a empresas chilenas colaboradoras de la CIA?
–¿En qué lugares y cuándo se alojaron los agentes durante su permanencia en Santiago, Iquique y otras ciudades del país?
–¿Cuáles fueron sus contactos con la ANI en Santiago, con los policías de Investigaciones y con funcionarios del Gobierno?
–¿Contaron con el apoyo logístico de otras embajadas, aparte de la de Estados Unidos?
–¿Qué han dicho sobre este tema los voceros del Gobierno, de la policía de Investigaciones, ministerio del Interior, Relaciones Exteriores?
Etcétera. Todas estas preguntas pueden originar a su vez otras interrogantes. Pero nadie las formula.
Ernesto Carmona
Ernesto Carmona es consejero nacional del Colegio de Periodistas de Chile y secretario ejecutivo de la Comisión Investigadora de Atentados a Periodistas (Ciap) de la Federación Latinoamericana de Periodistas (Felap). Ernesto Carmona es miembro de la Red Voltaire y del movimiento Axis for Peace.
Los artículos de esta autora o autor
Preguntas sobre una frustrada operación de la CIA en Chile
por Ernesto Carmona*
El Plan Condor, un sistema para secuestrar, torturar y eliminar físicamente a cualquier persona por sus ideas o tendencias políticas, que funcionó en América Latina, sobre todo en época de las dictaduras de Pinochet en Chile y Videla en Argentina, bajo auspicio de los EEUU sigue vigente hoy bajo otra forma y modalidad. Estas redes mundiales de represión trabajan a escala internacional y son capaces de actuar y secuestrar a cualquier persona y violar cualquier soberanía, incluso bajo régimen democrático. Cuentan con la complicidad de ciertas esferas estatales en el país donde intervienen. El caso chileno.
El presidente de la Comisión Europea estaría implicado en los vuelos secretos de la CIA
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En Chile están ocurriendo cosas tan extrañas como una fallida operación secreta de la CIA para secuestrar en Iquique a un ciudadano libanés supuestamente vinculado a Hezbollah. Esta historia, revelada por el diario de gobierno La Nación, no tuvo ninguna repercusión. Nadie preguntó quién autorizó esas operaciones extranjeras que suponen el ingreso de armas, equipos de espionaje y efectivos que en cualquier país ameritarían una autorización del Congreso Nacional.
La historia de espionaje CIA, relatada por Luis Narváez y Javier Rebolledo en el diario La Nación [1] del domingo 8 de junio, ocurrió en 2002, bajo el gobierno de Ricardo Lagos, pero salió a la luz en un informe reciente del departamento de Estado.
Bajo el título «El frustrado secuestro de la CIA», el diario asegura que en marzo pasado, un informe del Departamento de Estado norteamericano confirmó un episodio hasta hoy desconocido de la guerra de Bush contra el terrorismo islámico.
Con autorización oficial, la CIA practicó seguimientos, escuchas telefónicas y fotografías a árabes residentes en Iquique. Pero la colaboración se acabó cuando la agencia intentó plagiar a un ciudadano libanés vinculado a Hezbollah y la policía civil se negó a ser parte en el secuestro. Pareciera que la Agencia Nacional de Inteligencia de Chile (ANI) no enfrentó esta amenaza «terrorista», porque La Nación no le atribuye ningún protagonismo en esta intriga internacional, sino a una rama de la Policía de Investigaciones llamada Jefatura de Inteligencia Policial (Jipol).
¿Quién es el ciudadano libanés? El matutino asegura que le cambió la identidad para protegerlo, llamándolo «Arafat Ismail».
Se trataría de un comerciante que se instaló en la zona franca de Iquique después de la destrucción de las Torres Gemelas de Nueva York, el 11 de septiembre 2001. Sin embargo, pareciera que la presa de la CIA era Assad Ahmad Barakat, supuestamente vinculado a «Arafat Ismail».
Para la CIA, Barakat es la cara visible de los negocios de una supuesta red de Hezbollah en Ciudad del Este, Paraguay, zona franca enclavada en la Triple Frontera con Argentina y Brasil, paraíso del contrabando y la falsificación industrial de relojes Rolex, cámaras, perfumes y toda clase de productos de “marca”.
Según La Nación para «la Secretaría de Prevención del Terrorismo de Paraguay, Barakat es jefe militar de Hezbollah en la triple frontera. De acuerdo a los antecedentes que maneja investigaciones, ingresó a Chile el 25 de junio de 2001, momento en que realizó los trámites para concretar su solicitud de residencia, registrando como domicilio particular Avenida Arturo Prat número 2748, departamento 11, Iquique". El diario dice que es el mismo domicilio que después dio "Ismail».
La Nación aseguró que una «fresca mañana de marzo de 2002 un equipo de agentes encubiertos de la CIA en Iquique preparaba la que sería una de las acciones más audaces en la región». Añadió que «cinco personajes esperaban las órdenes del líder del grupo, una mujer robusta e impecablemente vestida, que se movilizaba en un vehículo con patente roja: era M. T. Para el común de la gente, ella sólo cumplía labores diplomáticas, pero en verdad era la jefa de la CIA en Chile».
Destino: Guantánamo
La Nación : «El plan que tenían los estadounidenses parecía simple. Harían todos los arreglos para que ingresara un avión de transporte indetectable a los radares. Aterrizaría a poca distancia de Iquique, en pleno desierto. Los policías chilenos debían cumplir con el trabajo operativo: apresar al libanés y transportarlo hasta el lugar. Ahí terminaba su labor. Si bien los estadounidenses no comentaron donde lo llevarían, señalaron que necesitaban urgentemente someterlo a un interrogatorio. Aunque nunca se conversó de manera explícita, los agentes de la policía civil sabían que su destino sería la cárcel de Guantánamo o algún centro clandestino. Lo que sí se encargaron de asegurar los integrantes de la CIA es que Chile no se vería involucrado, ni siquiera de forma indirecta, en la operación. Se informaría oficialmente que Ismail había sido apresado dentro de las fronteras de Estados Unidos. Como argumento a su favor, los estadounidenses contaban que cuando Arafat Ismail ingresó a Chile, entregó como domicilio privado el mismo departamento de calle Arturo Prat en que había fijado su residencia Barakat».
El «reportaje» se basa también en un informe publicado el 30 de marzo de 2007 por el Departamento de Estado «donde comunica detalladamente al Congreso de su país las actividades realizadas en todo el mundo a partir del 11/S de 2001, especialmente las de los últimos años». Según ese documento, "funcionarios (chilenos) monitorearon posibles vínculos entre extremistas de la Zona de Libre Comercio de Iquique (Zofri) y los del área de la Triple Frontera, cuando aumentan los lazos comerciales entre ambas áreas".
En lo medular, el diario destacó “la cooperación desde un comienzo con Estados Unidos una vez firmados los convenios sobre la lucha antiterrorista tras los ataques en Nueva York y Washington”. Y añadió que “en la práctica, esto derivó en un intercambio no sólo a nivel policial, sino en la creación de un sistema que facilitó la intervención, en toda Sudamérica, de los organismos de inteligencia de EEUU, especialmente de la Agencia Central de Inteligencia, (CIA)”.
Entrado marzo de 2002, “los funcionarios de la CIA eran cada vez más insistentes respecto a la necesidad de apresar a Arafat Ismail”, dijo La Nación. “Un testigo ocular de una tensa conversación entre la diplomática y uno de los jefes del grupo de policías chilenos aseguró a La Nación Domingo que "se hizo una petición explícita para que el equipo chileno apresara al libanés en el menor tiempo posible".
¿Policías «buenos»?
Pero también existirían policías «buenos», o por lo menos respetuosos del estado de derecho.
La Nación: «La presión que ejercieron los agentes de la CIA fue extremadamente fuerte. Al arduo trabajo de los seguimientos, escuchas telefónicas, fotografías y análisis a las empresas de los ciudadanos de origen libanés en Chile, ahora se sumaba la voluntad expresa de la inteligencia estadounidense de cometer una acción que, para los chilenos, era absolutamente ilegal y contraria al Estado de Derecho».
Según el diario, «los detectives se ciñeron la Constitución chilena y se excusaron señalando que no tenían una orden judicial ni razones concretas para sospechar que Ismail había cometido un ilícito en territorio nacional. La misma fuente, relató que ‘la funcionaria dijo que lo único que teníamos que hacer era agarrarlo y llevarlo para que ellos lo sacaran en un avión’. Los policías chilenos insistieron en que llevar a cabo esa acción importaba una abierta violación a los derechos de Ismail, lo que, según las mismas fuentes, a la larga resultó determinante para evitar el secuestro».
«No sólo era una acción ilegal y contraria al Estado de Derecho. Si hubiésemos colaborado, habríamos puesto al país en riesgo máximo de recibir una represalia de alguno de los movimientos islámicos fundamentalistas, como ha ocurrido en otros países", aseguró a La Nación “un alto jefe policial de la época».
El diario afirmó que “los antecedentes con que cuenta este medio indican que los funcionarios chilenos que se negaron a cumplir la misión especial de la CIA, dieron cuenta al director de la Jipol, Luis Henríquez”.
Epílogo y preguntas que nadie formula
El epílogo fue que “Arafat Ismail” abandonó Chile “por su cuenta” a mediados de 2002 y no fue a parar con sus huesos y en secreto a Guantánamo donde 270 seres humanos se pudren en una inhumana “prisión preventiva” acusados de “terrorismo”, muchos sin saber de qué se les acusa y la mayoría sin que se les hayan formulado cargos específicos, excepto 19 juicios militares sin ninguna garantía de equidad, todavía no iniciados y ahora en tela de juicio por una decisión de la Suprema Corte del 13 de junio permitiendo por tercera vez que los detenidos acudan a tribunales civiles federales donde el gobierno de Bush debe justificar sus acusaciones.
Las dos decisiones anteriores de la Corte no fueron tomadas en cuenta por el “estado de derecho” impuesto por la virtual dictadura de Bush. Y un segundo epílogo fue que en octubre 2002, M.T., la funcionaria de la embajada de EEUU en Chile y encargada de la CIA también abandonó el país”.
Pero más allá de la CIA haya terminado frustrada, quedan flotando muchas preguntas sin respuesta:
–¿Quién o quiénes autorizaron el ingreso de estos agentes al país?
–¿Cómo ingresaron los agentes de la CIA al país?
–¿Con qué documentos de identidad pasaron las fronteras y el control de la Policía Internacional?
–¿Con qué armamento e instrumentos tecnológicos de persecución y utilización policial ingresaron al país y cuánto dinero acreditaron para su estadía en Chile?
–Si ingresaron con documentación falsa, ¿fueron advertidos los policías que controlan el ingreso al país de cualquier ciudadano?
–¿Qué lección sacaron los detectives de Policía Internacional tras su experiencia con el ingreso de Alberto Fujimori a Santiago en 2005?
–¿Cuántos procedimientos de control policial se violaron con el ingreso de los agentes CIA?
–¿Quiénes elaboraron y archivaron las bitácoras de ingreso de los agentes de la CIA a Chile?
–¿Qué vehículos ingresaron al país?, ¿utilizaron placas diplomáticas para desplazarse en Chile?, ¿eran vehículos de la Embajada o vehículos arrendados a empresas chilenas colaboradoras de la CIA?
–¿En qué lugares y cuándo se alojaron los agentes durante su permanencia en Santiago, Iquique y otras ciudades del país?
–¿Cuáles fueron sus contactos con la ANI en Santiago, con los policías de Investigaciones y con funcionarios del Gobierno?
–¿Contaron con el apoyo logístico de otras embajadas, aparte de la de Estados Unidos?
–¿Qué han dicho sobre este tema los voceros del Gobierno, de la policía de Investigaciones, ministerio del Interior, Relaciones Exteriores?
Etcétera. Todas estas preguntas pueden originar a su vez otras interrogantes. Pero nadie las formula.
Ernesto Carmona
Ernesto Carmona es consejero nacional del Colegio de Periodistas de Chile y secretario ejecutivo de la Comisión Investigadora de Atentados a Periodistas (Ciap) de la Federación Latinoamericana de Periodistas (Felap). Ernesto Carmona es miembro de la Red Voltaire y del movimiento Axis for Peace.
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