Un episodio hasta hoy desconocido de la guerra de Bush
Preguntas sobre una frustrada operación de la CIA en Chile
por Ernesto Carmona*
El Plan Condor, un sistema para secuestrar, torturar y eliminar físicamente a cualquier persona por sus ideas o tendencias políticas, que funcionó en América Latina, sobre todo en época de las dictaduras de Pinochet en Chile y Videla en Argentina, bajo auspicio de los EEUU sigue vigente hoy bajo otra forma y modalidad. Estas redes mundiales de represión trabajan a escala internacional y son capaces de actuar y secuestrar a cualquier persona y violar cualquier soberanía, incluso bajo régimen democrático. Cuentan con la complicidad de ciertas esferas estatales en el país donde intervienen. El caso chileno.
El presidente de la Comisión Europea estaría implicado en los vuelos secretos de la CIA
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En Chile están ocurriendo cosas tan extrañas como una fallida operación secreta de la CIA para secuestrar en Iquique a un ciudadano libanés supuestamente vinculado a Hezbollah. Esta historia, revelada por el diario de gobierno La Nación, no tuvo ninguna repercusión. Nadie preguntó quién autorizó esas operaciones extranjeras que suponen el ingreso de armas, equipos de espionaje y efectivos que en cualquier país ameritarían una autorización del Congreso Nacional.
La historia de espionaje CIA, relatada por Luis Narváez y Javier Rebolledo en el diario La Nación [1] del domingo 8 de junio, ocurrió en 2002, bajo el gobierno de Ricardo Lagos, pero salió a la luz en un informe reciente del departamento de Estado.
Bajo el título «El frustrado secuestro de la CIA», el diario asegura que en marzo pasado, un informe del Departamento de Estado norteamericano confirmó un episodio hasta hoy desconocido de la guerra de Bush contra el terrorismo islámico.
Con autorización oficial, la CIA practicó seguimientos, escuchas telefónicas y fotografías a árabes residentes en Iquique. Pero la colaboración se acabó cuando la agencia intentó plagiar a un ciudadano libanés vinculado a Hezbollah y la policía civil se negó a ser parte en el secuestro. Pareciera que la Agencia Nacional de Inteligencia de Chile (ANI) no enfrentó esta amenaza «terrorista», porque La Nación no le atribuye ningún protagonismo en esta intriga internacional, sino a una rama de la Policía de Investigaciones llamada Jefatura de Inteligencia Policial (Jipol).
¿Quién es el ciudadano libanés? El matutino asegura que le cambió la identidad para protegerlo, llamándolo «Arafat Ismail».
Se trataría de un comerciante que se instaló en la zona franca de Iquique después de la destrucción de las Torres Gemelas de Nueva York, el 11 de septiembre 2001. Sin embargo, pareciera que la presa de la CIA era Assad Ahmad Barakat, supuestamente vinculado a «Arafat Ismail».
Para la CIA, Barakat es la cara visible de los negocios de una supuesta red de Hezbollah en Ciudad del Este, Paraguay, zona franca enclavada en la Triple Frontera con Argentina y Brasil, paraíso del contrabando y la falsificación industrial de relojes Rolex, cámaras, perfumes y toda clase de productos de “marca”.
Según La Nación para «la Secretaría de Prevención del Terrorismo de Paraguay, Barakat es jefe militar de Hezbollah en la triple frontera. De acuerdo a los antecedentes que maneja investigaciones, ingresó a Chile el 25 de junio de 2001, momento en que realizó los trámites para concretar su solicitud de residencia, registrando como domicilio particular Avenida Arturo Prat número 2748, departamento 11, Iquique". El diario dice que es el mismo domicilio que después dio "Ismail».
La Nación aseguró que una «fresca mañana de marzo de 2002 un equipo de agentes encubiertos de la CIA en Iquique preparaba la que sería una de las acciones más audaces en la región». Añadió que «cinco personajes esperaban las órdenes del líder del grupo, una mujer robusta e impecablemente vestida, que se movilizaba en un vehículo con patente roja: era M. T. Para el común de la gente, ella sólo cumplía labores diplomáticas, pero en verdad era la jefa de la CIA en Chile».
Destino: Guantánamo
La Nación : «El plan que tenían los estadounidenses parecía simple. Harían todos los arreglos para que ingresara un avión de transporte indetectable a los radares. Aterrizaría a poca distancia de Iquique, en pleno desierto. Los policías chilenos debían cumplir con el trabajo operativo: apresar al libanés y transportarlo hasta el lugar. Ahí terminaba su labor. Si bien los estadounidenses no comentaron donde lo llevarían, señalaron que necesitaban urgentemente someterlo a un interrogatorio. Aunque nunca se conversó de manera explícita, los agentes de la policía civil sabían que su destino sería la cárcel de Guantánamo o algún centro clandestino. Lo que sí se encargaron de asegurar los integrantes de la CIA es que Chile no se vería involucrado, ni siquiera de forma indirecta, en la operación. Se informaría oficialmente que Ismail había sido apresado dentro de las fronteras de Estados Unidos. Como argumento a su favor, los estadounidenses contaban que cuando Arafat Ismail ingresó a Chile, entregó como domicilio privado el mismo departamento de calle Arturo Prat en que había fijado su residencia Barakat».
El «reportaje» se basa también en un informe publicado el 30 de marzo de 2007 por el Departamento de Estado «donde comunica detalladamente al Congreso de su país las actividades realizadas en todo el mundo a partir del 11/S de 2001, especialmente las de los últimos años». Según ese documento, "funcionarios (chilenos) monitorearon posibles vínculos entre extremistas de la Zona de Libre Comercio de Iquique (Zofri) y los del área de la Triple Frontera, cuando aumentan los lazos comerciales entre ambas áreas".
En lo medular, el diario destacó “la cooperación desde un comienzo con Estados Unidos una vez firmados los convenios sobre la lucha antiterrorista tras los ataques en Nueva York y Washington”. Y añadió que “en la práctica, esto derivó en un intercambio no sólo a nivel policial, sino en la creación de un sistema que facilitó la intervención, en toda Sudamérica, de los organismos de inteligencia de EEUU, especialmente de la Agencia Central de Inteligencia, (CIA)”.
Entrado marzo de 2002, “los funcionarios de la CIA eran cada vez más insistentes respecto a la necesidad de apresar a Arafat Ismail”, dijo La Nación. “Un testigo ocular de una tensa conversación entre la diplomática y uno de los jefes del grupo de policías chilenos aseguró a La Nación Domingo que "se hizo una petición explícita para que el equipo chileno apresara al libanés en el menor tiempo posible".
¿Policías «buenos»?
Pero también existirían policías «buenos», o por lo menos respetuosos del estado de derecho.
La Nación: «La presión que ejercieron los agentes de la CIA fue extremadamente fuerte. Al arduo trabajo de los seguimientos, escuchas telefónicas, fotografías y análisis a las empresas de los ciudadanos de origen libanés en Chile, ahora se sumaba la voluntad expresa de la inteligencia estadounidense de cometer una acción que, para los chilenos, era absolutamente ilegal y contraria al Estado de Derecho».
Según el diario, «los detectives se ciñeron la Constitución chilena y se excusaron señalando que no tenían una orden judicial ni razones concretas para sospechar que Ismail había cometido un ilícito en territorio nacional. La misma fuente, relató que ‘la funcionaria dijo que lo único que teníamos que hacer era agarrarlo y llevarlo para que ellos lo sacaran en un avión’. Los policías chilenos insistieron en que llevar a cabo esa acción importaba una abierta violación a los derechos de Ismail, lo que, según las mismas fuentes, a la larga resultó determinante para evitar el secuestro».
«No sólo era una acción ilegal y contraria al Estado de Derecho. Si hubiésemos colaborado, habríamos puesto al país en riesgo máximo de recibir una represalia de alguno de los movimientos islámicos fundamentalistas, como ha ocurrido en otros países", aseguró a La Nación “un alto jefe policial de la época».
El diario afirmó que “los antecedentes con que cuenta este medio indican que los funcionarios chilenos que se negaron a cumplir la misión especial de la CIA, dieron cuenta al director de la Jipol, Luis Henríquez”.
Epílogo y preguntas que nadie formula
El epílogo fue que “Arafat Ismail” abandonó Chile “por su cuenta” a mediados de 2002 y no fue a parar con sus huesos y en secreto a Guantánamo donde 270 seres humanos se pudren en una inhumana “prisión preventiva” acusados de “terrorismo”, muchos sin saber de qué se les acusa y la mayoría sin que se les hayan formulado cargos específicos, excepto 19 juicios militares sin ninguna garantía de equidad, todavía no iniciados y ahora en tela de juicio por una decisión de la Suprema Corte del 13 de junio permitiendo por tercera vez que los detenidos acudan a tribunales civiles federales donde el gobierno de Bush debe justificar sus acusaciones.
Las dos decisiones anteriores de la Corte no fueron tomadas en cuenta por el “estado de derecho” impuesto por la virtual dictadura de Bush. Y un segundo epílogo fue que en octubre 2002, M.T., la funcionaria de la embajada de EEUU en Chile y encargada de la CIA también abandonó el país”.
Pero más allá de la CIA haya terminado frustrada, quedan flotando muchas preguntas sin respuesta:
–¿Quién o quiénes autorizaron el ingreso de estos agentes al país?
–¿Cómo ingresaron los agentes de la CIA al país?
–¿Con qué documentos de identidad pasaron las fronteras y el control de la Policía Internacional?
–¿Con qué armamento e instrumentos tecnológicos de persecución y utilización policial ingresaron al país y cuánto dinero acreditaron para su estadía en Chile?
–Si ingresaron con documentación falsa, ¿fueron advertidos los policías que controlan el ingreso al país de cualquier ciudadano?
–¿Qué lección sacaron los detectives de Policía Internacional tras su experiencia con el ingreso de Alberto Fujimori a Santiago en 2005?
–¿Cuántos procedimientos de control policial se violaron con el ingreso de los agentes CIA?
–¿Quiénes elaboraron y archivaron las bitácoras de ingreso de los agentes de la CIA a Chile?
–¿Qué vehículos ingresaron al país?, ¿utilizaron placas diplomáticas para desplazarse en Chile?, ¿eran vehículos de la Embajada o vehículos arrendados a empresas chilenas colaboradoras de la CIA?
–¿En qué lugares y cuándo se alojaron los agentes durante su permanencia en Santiago, Iquique y otras ciudades del país?
–¿Cuáles fueron sus contactos con la ANI en Santiago, con los policías de Investigaciones y con funcionarios del Gobierno?
–¿Contaron con el apoyo logístico de otras embajadas, aparte de la de Estados Unidos?
–¿Qué han dicho sobre este tema los voceros del Gobierno, de la policía de Investigaciones, ministerio del Interior, Relaciones Exteriores?
Etcétera. Todas estas preguntas pueden originar a su vez otras interrogantes. Pero nadie las formula.
Ernesto Carmona
Ernesto Carmona es consejero nacional del Colegio de Periodistas de Chile y secretario ejecutivo de la Comisión Investigadora de Atentados a Periodistas (Ciap) de la Federación Latinoamericana de Periodistas (Felap). Ernesto Carmona es miembro de la Red Voltaire y del movimiento Axis for Peace.
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Tuesday, July 08, 2008
Wednesday, March 07, 2007
Good bye, mister Bailey
Good bye, mister Bailey
TRES meses: es todo lo que habrá durado el súper espía designado por George W. Bush para vigilar a Cuba y Venezuela. Reliquia patentada del régimen de Reagan, el veterano agente de la CIA Norman Bailey, ha sido echado al basurero, contra toda expectativa, por el nuevo Jefe de la Inteligencia Nacional norteamericana, Mike McConnell.
La despedida repentina de Bailey ha sido difundida muy discretamente, al contrario de lo que había pasado en el momento de su nombramiento cuando, en un gesto de auténtica prepotencia imperial, se había celebrado la carrera del sulfuroso personaje.
Para muchos observadores, la expulsión de Bailey ilustra el total desconcierto del gigantesco aparato de Inteligencia norteamericano ante los grandes cambios surgidos en lo que Washington siempre consideró su patio trasero.
Seleccionado por John "El Embajador" Negroponte, predecesor de McConnell, al final de noviembre, el "Jefe de Misión" de la Inteligencia norteamericana para los dos países tiene una larga hoja de ruta al servicio de la CIA y del Clan Bush.
Notablemente, Bailey había infiltrado al Gobierno de Noriega en Panamá mientras se preparaba la desastrosa invasión norteamericana y había sido asesor de Ronald Reagan, a pesar de ser socio de Lyndon LaRouche, el controvertido político norteamericano.
En uno de sus famosos disparates, Bailey expresaba en una entrevista, en marzo del 2001, sus deseos de una caída de los precios del petróleo, lo que tendría, comentaba, "consecuencias catastróficas" para Venezuela.
Sin embargo, en agosto del 2000, entrevistado por el diario argentino Clarín, había tenido una respuesta enigmática con respecto a Cuba.
"No veo realmente ninguna posibilidad por el momento de cambiar de política", había empezado por decir para luego añadir que, una vez ganadas en Estados Unidos las elecciones, las cosas podían cambiar.
"Después de todo fue un republicano, Richard Nixon, el que restableció las relaciones con China," declaró.
Según el Miami Herald, Bailey, al conocer su humillante expulsión de las más altas esferas de la Inteligencia nacional, mandó de inmediato un correo electrónico a sus amistades para dar su versión de los hechos. Precisaba que su puesto era definitivamente eliminado, lo que fue luego desmentido por un funcionario "anónimo", según un procedimiento corriente en la capital federal.
Negroponte, ahora Subsecretario de Estado, no ha comentado la defenestración de su infeliz protegido. (Jean-Guy Allard)
TRES meses: es todo lo que habrá durado el súper espía designado por George W. Bush para vigilar a Cuba y Venezuela. Reliquia patentada del régimen de Reagan, el veterano agente de la CIA Norman Bailey, ha sido echado al basurero, contra toda expectativa, por el nuevo Jefe de la Inteligencia Nacional norteamericana, Mike McConnell.
La despedida repentina de Bailey ha sido difundida muy discretamente, al contrario de lo que había pasado en el momento de su nombramiento cuando, en un gesto de auténtica prepotencia imperial, se había celebrado la carrera del sulfuroso personaje.
Para muchos observadores, la expulsión de Bailey ilustra el total desconcierto del gigantesco aparato de Inteligencia norteamericano ante los grandes cambios surgidos en lo que Washington siempre consideró su patio trasero.
Seleccionado por John "El Embajador" Negroponte, predecesor de McConnell, al final de noviembre, el "Jefe de Misión" de la Inteligencia norteamericana para los dos países tiene una larga hoja de ruta al servicio de la CIA y del Clan Bush.
Notablemente, Bailey había infiltrado al Gobierno de Noriega en Panamá mientras se preparaba la desastrosa invasión norteamericana y había sido asesor de Ronald Reagan, a pesar de ser socio de Lyndon LaRouche, el controvertido político norteamericano.
En uno de sus famosos disparates, Bailey expresaba en una entrevista, en marzo del 2001, sus deseos de una caída de los precios del petróleo, lo que tendría, comentaba, "consecuencias catastróficas" para Venezuela.
Sin embargo, en agosto del 2000, entrevistado por el diario argentino Clarín, había tenido una respuesta enigmática con respecto a Cuba.
"No veo realmente ninguna posibilidad por el momento de cambiar de política", había empezado por decir para luego añadir que, una vez ganadas en Estados Unidos las elecciones, las cosas podían cambiar.
"Después de todo fue un republicano, Richard Nixon, el que restableció las relaciones con China," declaró.
Según el Miami Herald, Bailey, al conocer su humillante expulsión de las más altas esferas de la Inteligencia nacional, mandó de inmediato un correo electrónico a sus amistades para dar su versión de los hechos. Precisaba que su puesto era definitivamente eliminado, lo que fue luego desmentido por un funcionario "anónimo", según un procedimiento corriente en la capital federal.
Negroponte, ahora Subsecretario de Estado, no ha comentado la defenestración de su infeliz protegido. (Jean-Guy Allard)
Wednesday, February 14, 2007
Represión y control - El FBI en las universidades norteamericanas
por Gaston Pardo*
El nuevo macartismo ensombrece las universidades estadunidenses y amenaza con implantarse en el área norteamericana para en seguida ir dominando las áreas educativas del continente. Esto cunduciría a la mediatización de la educación, cuyo rechazo ha comenzado ya en Estados Unidos.
Poco tiempo después de los ataques del 11S, el Consejo Estadunidense de Miembros y Graduados (ACTA), de Lynne Cheney, esposa del vicepresidente norteamericano, publicó un informe espeluznante titulado: Defendamos la civilización: cómo nuestras universidades están fallando a Estados Unidos y qué podemos hacer al respecto.
Los autores del documento se quejan de que “el ámbito universitario es el único sector de la sociedad estadounidense que está claramente dividido en su respuesta a los ataque sufridos por EU”. Suele etiquetar a las universidades sospechosas como “eslabón débil en la respuesta norteamericana”.
El director de inteligencia de la revista Executive Intelligence Review, Jeffrey Steinberg dice que, entre otras medidas que se dispararon después de David Horowitz, presidente del Centro para el Estudio de la Cultura Popular proporcionó los fondos a un antiguo alumno de la Universidad de California en Los Angeles (UCLA), de 24 años, Andrew Jones, para que fundara la Asociación de Graduados Bruin, grupo globalista que ofrecía pagar a los alumnos para que grabaran las clases de los profesores sospechosos de ser izquierdistas.
Como consecuencia de sus "investigaciones", Jones publicó un folleto titulado Dirty Thirty («Los treinta abominables»), en el que denunció a otros tantos profesores a los que se hizo blanco de ataques por sus inclinaciones izquierdistas. Hay una lista en circulación que se refiere a 28 de los 30 anunciados. Dos "están por anunciarse". Entre los primeros se encuentran Doglas Kellner, Gabrielle Piterberg, Robert Watson, Sondra Hale, Saree Makdisi y otros.
En cuanto el entramado de las denuncias fue hecho público, Horowitz despidió a Jones, aunque en febrero de 2005 el dirigente del Centro para el Estudio de la Cultura Popular presentó su libro The professors: the 101 Most Dangerous Academics in America. cuya publicidad recibida lo decía todo: Pronto en tu universidad más cercana habrá terroristas, racistas y comunistas; tú los conoces como los profesores. Los académicos radicales actuales no son la excepción sino la legión. Lejos de de ser inofensivos escupen un antinorteamericanismo violento, predican el antisemitismo y celebran el asesinato de soldados y civiles norteamericanos; todo mientras cobran dólares de los impuestos y las colegiaturas para que nuestros hijos sean inductrinados.
Para septiembre de 2005, la campaña de terror sembrada por Lynne Cheney y David Horowitz había creado ya las condiciones para que el FBI entrara directamente a los claustros universitarios. El 15 de septiembre el director del buró Robert S. Mueller anunció la creación de la Junta Consultiva de Seguridad Nacional en la Educación Superior, que será el enlace para la colaboración de los cuerpos docentes universitarios con el FBI. Su objetivo es combatir el espionaje y la subversión en las universidades. En ese engranaje de vigilancia el papel de la junta consiste en controlar el destino de los millones de dólares que las universidades reciben de sus benefactores para labores de investigación y desarrollo de la técnica.
La obsesión por el terror
Aaron Yule, miembro de la redacción de « EIR» en español agrega que la política del gobierno de Bush ha sido el combate al terror, no sólo en el exterior, en otros países, sino también entre sus propios ciudadanos. Se está utilizando la propaganda más aterradora para mantener a la población estadunidense en un estado de incertidumbre total y de miedo para hablar de las medidas de Bush.
No obstante los esfuerzos por atemorizar a los ciudadanos y los menores de edad mediante la difusión masiva de mensajes alarmantes y generadores de paranoia, no han podido evitar la resistencia de muchos jóvenes al clima de demencia que intenta implantar el gobierno bushista.
Ha sido el entusiasmo de los jóvenes en edad universitaria por poner punto final a la locura desenfrenada del gobierno federal lo que está haciendo que renazca el optimismo ante la posibilidad de que el Partido Demócrata llegue a significar un cambio absoluto si llega al poder en las próximas elecciones federales de 2008.
¿Una educación para el imperio?
El primer intento de legislar sobre la implantación del miedo data de principios de 2003 cuando llegó la fecha de renovar el Título VI de la Ley de Educación superior de 1965, que proporciona financiamiento a los programas universitarios del país.
La ley ha sido muy importante para reglamentar el funcionamiento de las escuelas, pero en septiembre de ese año se sometió el Proyecto de Ley HR 3077 (Ley de estudios internacionales en la Educación superior) ante la la Subcomisión sobre Educación y fuerza Laboral para reformar el Título VI. La resolución fue presentada por el representante republicano Pete Hoekstra, aunque no fue él el autor de su contenido. La autoría del documento es atribuida a Stanley Kutz, del Instituto Hoover. Uno de los cambios propuestos por Kurtz, con el propósito de detener la discriminación política, fue el de que el Congreso "cree una junta de supervisión a cargo del Título VI y que determine quién recibe su financiamiento". Dicha junta se conoció en la resolución 3077 de Hoekstra con el nombre de Junta Consultiva de Educación Internacional. cuando a Stanley le preguntaron si había sido influido por Hoekstra, respondió:
Sí creo que algunos de sus comentarios son válidos. No creo que estos estudios deban usarse para promover un punto de vista ideológico. Estoy a favor de que se eduque a los estudiantes en asuntos internacionales, no de que se les meta en un aula para que los indocrinen en una ideología política.
La resolución fue aprobada por la cámara de Representantes el 21 de octubre de 2003. David Brodsky, escritor y asesor que tiene varios posgrados en la Universidad de Yale bautizó la Resolución 3077 como la ley de educación para el imperio. Y merced a la oposición abrumadora a la resolución, el Senado la rechazó a fines de 2003 en espera de pasar a una subcomisión. Mientras tanto, Horowitz y otros neocons se organizan para legitimar los comités de vigilancia. Pittsburg.com informó en febrero de 2005 cuál es el objetivo de este grupo:
La Carta de los Derechos Académicos es una declaración de independencia de la tiranía de opresores intelectuales en las universidades. David Horowitz, presidente del Centro para el Estudios de la Cultura Popular, es su padre fundador.
Las universidades dominadas por la izquierda autoritaria permiten que profesores de mentalidad afín cometan actos intolerables de coerción intelectual contra quienes no aceptan su ortodoxia extremista.
La Asociación Estudunidense de Profesores Universitaruios declaró, desde el inicio de su actividad en 1915 que la facultad debía evitar aprovecharse injustamente de la inmadures de los estudiantes para indoctrinarlo con las opiniones personales de los maestros.
Sí, los profesores alguna vez tuvieron esta ética.
El TLC hará proliferar el nuevo macartismo
Esta Carta de los Derechos Académicos es una verdadera declaración de guerra contra la Constitución. También es un atentado a las leyes fundamentales de los estados signatarios del TLC, Canadá, Estados Unidos y México el programa globalizador que se prondrá en marcha en los tres países, al parecer sin oposición, como consecuencia de la persuasión llevada a cabo por organismos integrados por globalistas a sueldo. Ellos son el Consejo de Relaciones Exteriores (FRC) de Estados Unidos; el Consejo Canadiense de Altos Ejecutivos (CCAE) y el socio mexicano del FRC: el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Sus propósitos están enmarcados en el documento titulado La construcción de una comunidad en América del Norte.
Su objetivo es nada menos que establecer un gobierno supranacional de intereses privados en la región para el 2010, cuyos confines quedarán definidos. como lo ha afirmado el grupo especial, su recomendación medular es el establecimiento de una comunidad económica y de seguridad de América del Norte, cuyos confines quedarán definidos por un perímetro común arancelario y de seguridad exteriores.
El grupo especial lo copresiden El banquero estadunidense Bill Weld; Pedro Aspe, representante mexicano del nefasto Carlos Salinas de Gortari, educado en Harvard; y el canadiense John P, Manley, ex alto funcionario del gobierno que encabezó la Comisión de Seguridad Pública tras los ataques del 11S.
Es de esperar que la política de seguridad común anunciada por estos perros guardianes de la globalización americana apunte asimismo hacia las universidades del área continental. Por lo pronto, los privatizadores mexicanos han aplaudido los primeros pasos en favor de que la educación pública desaparezca dejando de recibir fondos gubernamentales. El desastre de los centros de cultura ocurrirá a menos que la inminente administración demócrata cambie el rumbo.
Gaston Pardo
Periodista mexicano. Es corresponsal de la Red Voltaire en México.
El nuevo macartismo ensombrece las universidades estadunidenses y amenaza con implantarse en el área norteamericana para en seguida ir dominando las áreas educativas del continente. Esto cunduciría a la mediatización de la educación, cuyo rechazo ha comenzado ya en Estados Unidos.
Poco tiempo después de los ataques del 11S, el Consejo Estadunidense de Miembros y Graduados (ACTA), de Lynne Cheney, esposa del vicepresidente norteamericano, publicó un informe espeluznante titulado: Defendamos la civilización: cómo nuestras universidades están fallando a Estados Unidos y qué podemos hacer al respecto.
Los autores del documento se quejan de que “el ámbito universitario es el único sector de la sociedad estadounidense que está claramente dividido en su respuesta a los ataque sufridos por EU”. Suele etiquetar a las universidades sospechosas como “eslabón débil en la respuesta norteamericana”.
El director de inteligencia de la revista Executive Intelligence Review, Jeffrey Steinberg dice que, entre otras medidas que se dispararon después de David Horowitz, presidente del Centro para el Estudio de la Cultura Popular proporcionó los fondos a un antiguo alumno de la Universidad de California en Los Angeles (UCLA), de 24 años, Andrew Jones, para que fundara la Asociación de Graduados Bruin, grupo globalista que ofrecía pagar a los alumnos para que grabaran las clases de los profesores sospechosos de ser izquierdistas.
Como consecuencia de sus "investigaciones", Jones publicó un folleto titulado Dirty Thirty («Los treinta abominables»), en el que denunció a otros tantos profesores a los que se hizo blanco de ataques por sus inclinaciones izquierdistas. Hay una lista en circulación que se refiere a 28 de los 30 anunciados. Dos "están por anunciarse". Entre los primeros se encuentran Doglas Kellner, Gabrielle Piterberg, Robert Watson, Sondra Hale, Saree Makdisi y otros.
En cuanto el entramado de las denuncias fue hecho público, Horowitz despidió a Jones, aunque en febrero de 2005 el dirigente del Centro para el Estudio de la Cultura Popular presentó su libro The professors: the 101 Most Dangerous Academics in America. cuya publicidad recibida lo decía todo: Pronto en tu universidad más cercana habrá terroristas, racistas y comunistas; tú los conoces como los profesores. Los académicos radicales actuales no son la excepción sino la legión. Lejos de de ser inofensivos escupen un antinorteamericanismo violento, predican el antisemitismo y celebran el asesinato de soldados y civiles norteamericanos; todo mientras cobran dólares de los impuestos y las colegiaturas para que nuestros hijos sean inductrinados.
Para septiembre de 2005, la campaña de terror sembrada por Lynne Cheney y David Horowitz había creado ya las condiciones para que el FBI entrara directamente a los claustros universitarios. El 15 de septiembre el director del buró Robert S. Mueller anunció la creación de la Junta Consultiva de Seguridad Nacional en la Educación Superior, que será el enlace para la colaboración de los cuerpos docentes universitarios con el FBI. Su objetivo es combatir el espionaje y la subversión en las universidades. En ese engranaje de vigilancia el papel de la junta consiste en controlar el destino de los millones de dólares que las universidades reciben de sus benefactores para labores de investigación y desarrollo de la técnica.
La obsesión por el terror
Aaron Yule, miembro de la redacción de « EIR» en español agrega que la política del gobierno de Bush ha sido el combate al terror, no sólo en el exterior, en otros países, sino también entre sus propios ciudadanos. Se está utilizando la propaganda más aterradora para mantener a la población estadunidense en un estado de incertidumbre total y de miedo para hablar de las medidas de Bush.
No obstante los esfuerzos por atemorizar a los ciudadanos y los menores de edad mediante la difusión masiva de mensajes alarmantes y generadores de paranoia, no han podido evitar la resistencia de muchos jóvenes al clima de demencia que intenta implantar el gobierno bushista.
Ha sido el entusiasmo de los jóvenes en edad universitaria por poner punto final a la locura desenfrenada del gobierno federal lo que está haciendo que renazca el optimismo ante la posibilidad de que el Partido Demócrata llegue a significar un cambio absoluto si llega al poder en las próximas elecciones federales de 2008.
¿Una educación para el imperio?
El primer intento de legislar sobre la implantación del miedo data de principios de 2003 cuando llegó la fecha de renovar el Título VI de la Ley de Educación superior de 1965, que proporciona financiamiento a los programas universitarios del país.
La ley ha sido muy importante para reglamentar el funcionamiento de las escuelas, pero en septiembre de ese año se sometió el Proyecto de Ley HR 3077 (Ley de estudios internacionales en la Educación superior) ante la la Subcomisión sobre Educación y fuerza Laboral para reformar el Título VI. La resolución fue presentada por el representante republicano Pete Hoekstra, aunque no fue él el autor de su contenido. La autoría del documento es atribuida a Stanley Kutz, del Instituto Hoover. Uno de los cambios propuestos por Kurtz, con el propósito de detener la discriminación política, fue el de que el Congreso "cree una junta de supervisión a cargo del Título VI y que determine quién recibe su financiamiento". Dicha junta se conoció en la resolución 3077 de Hoekstra con el nombre de Junta Consultiva de Educación Internacional. cuando a Stanley le preguntaron si había sido influido por Hoekstra, respondió:
Sí creo que algunos de sus comentarios son válidos. No creo que estos estudios deban usarse para promover un punto de vista ideológico. Estoy a favor de que se eduque a los estudiantes en asuntos internacionales, no de que se les meta en un aula para que los indocrinen en una ideología política.
La resolución fue aprobada por la cámara de Representantes el 21 de octubre de 2003. David Brodsky, escritor y asesor que tiene varios posgrados en la Universidad de Yale bautizó la Resolución 3077 como la ley de educación para el imperio. Y merced a la oposición abrumadora a la resolución, el Senado la rechazó a fines de 2003 en espera de pasar a una subcomisión. Mientras tanto, Horowitz y otros neocons se organizan para legitimar los comités de vigilancia. Pittsburg.com informó en febrero de 2005 cuál es el objetivo de este grupo:
La Carta de los Derechos Académicos es una declaración de independencia de la tiranía de opresores intelectuales en las universidades. David Horowitz, presidente del Centro para el Estudios de la Cultura Popular, es su padre fundador.
Las universidades dominadas por la izquierda autoritaria permiten que profesores de mentalidad afín cometan actos intolerables de coerción intelectual contra quienes no aceptan su ortodoxia extremista.
La Asociación Estudunidense de Profesores Universitaruios declaró, desde el inicio de su actividad en 1915 que la facultad debía evitar aprovecharse injustamente de la inmadures de los estudiantes para indoctrinarlo con las opiniones personales de los maestros.
Sí, los profesores alguna vez tuvieron esta ética.
El TLC hará proliferar el nuevo macartismo
Esta Carta de los Derechos Académicos es una verdadera declaración de guerra contra la Constitución. También es un atentado a las leyes fundamentales de los estados signatarios del TLC, Canadá, Estados Unidos y México el programa globalizador que se prondrá en marcha en los tres países, al parecer sin oposición, como consecuencia de la persuasión llevada a cabo por organismos integrados por globalistas a sueldo. Ellos son el Consejo de Relaciones Exteriores (FRC) de Estados Unidos; el Consejo Canadiense de Altos Ejecutivos (CCAE) y el socio mexicano del FRC: el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Sus propósitos están enmarcados en el documento titulado La construcción de una comunidad en América del Norte.
Su objetivo es nada menos que establecer un gobierno supranacional de intereses privados en la región para el 2010, cuyos confines quedarán definidos. como lo ha afirmado el grupo especial, su recomendación medular es el establecimiento de una comunidad económica y de seguridad de América del Norte, cuyos confines quedarán definidos por un perímetro común arancelario y de seguridad exteriores.
El grupo especial lo copresiden El banquero estadunidense Bill Weld; Pedro Aspe, representante mexicano del nefasto Carlos Salinas de Gortari, educado en Harvard; y el canadiense John P, Manley, ex alto funcionario del gobierno que encabezó la Comisión de Seguridad Pública tras los ataques del 11S.
Es de esperar que la política de seguridad común anunciada por estos perros guardianes de la globalización americana apunte asimismo hacia las universidades del área continental. Por lo pronto, los privatizadores mexicanos han aplaudido los primeros pasos en favor de que la educación pública desaparezca dejando de recibir fondos gubernamentales. El desastre de los centros de cultura ocurrirá a menos que la inminente administración demócrata cambie el rumbo.
Gaston Pardo
Periodista mexicano. Es corresponsal de la Red Voltaire en México.
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