El primero de mayo, el Presidente Evo Morales firmó un decretó trascendental: dispuso que la riqueza hidrocarburífera que estaba en manos de empresas transnacionales "vuelva a manos de la nación y sea utilizada en beneficio del país". Según el decreto, las empresas petroleras que actualmente realizan actividades de producción de gas y petróleo en el territorio nacional, están obligadas a entregar a la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos YPFB, toda la producción de hidrocarburos, la que asume, en nombre del Estado, la propiedad de los mismos y su comercialización. Así mismo, se nacionalizan las acciones necesarias, para que, YPFB controle, como mínimo el 50% más 1 en las empresas Chaco S.A., Andina S.A., Transredes S.A., Petrobrás Bolivia Refinación S.A. y Compañía Logística de Hidrocarburos de Bolivia S.A. En los campos de gas natural, cuya producción sea superior a 100 millones de pies cúbicos diarios, el 82% será para el Estado y el 18% para las compañías.