From alainet
El 2 de octubre pasado, en un operativo calificado de “muy reservado”, un grupo de élite de militares bolivianos por instrucciones de la Embajada de Estados Unidos, trasladaron desde el Grupo de Artillería Antiaérea de Viacha (La Paz), 29 misiles tierra-aire SAM-7 con destino desconocido.El presidente del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales Aima, denunció hoy que tropas que prestan servicio al gobierno norteamericano y comandadas por la CIA incautaron los misiles suministrados por el Gobierno de China para sacarlos del país por vía aérea y conducirlos presumiblemente con destino a Estados Unidos.
“No podemos entender cómo algunos sectores de las Fuerzas Armadas -porque no son todos- permiten que se pisotee la soberanía y la dignidad de todo un pueblo. El MAS y los movimientos sociales del país estamos dispuestos a defender nuestra unidad e integridad pese a quien pese”, sentenció.
De acuerdo a informes oficiales y de militares expertos, los misiles chinos —fabricados sobre la base de la tecnología de los rusos SAM-7 y que son empleados actualmente por la resistencia en Afganistán e Irak— “no pueden ser considerados obsoletos” porque los aparatos llegados a Bolivia tienen la misma antigüedad que los utilizados en esas guerras.
Según publicaciones periodísticas de 1993, el gobierno de China Popular concedió a Bolivia un crédito blando y a largo plazo de 4,5 millones de dólares para la compra de material bélico pesado, que incluía cañones, municiones y 30 misiles tierra–aire. El crédito fue programado para el pago total hasta el 31 de diciembre de 2007.
El Comandante de Ejército, general Marcelo Antezana, asumió ayer plenamente la responsabilidad de la desactivación y demolición de los únicos misiles que bajo su percepción “estaban en desuso”.
Nunca antes en la historia del país, el Alto Mando Militar ni el Gobierno, capitularon con tanta infamia ante las presiones externas.
Ante el grave atentado a la soberanía nacional, el MAS pidió en la Cámara de Diputados, la interpelación del Ministro de Gobierno que podría derivar en un juicio por traición contra funcionarios y altos jefes militares que autorizaron la operación.
