Paramilitares se enfrentan a la Sedena por Nancy Flores

Bastión del grupo armado antizapatista Paz y Justicia, la comunidad de El Limar (Chiapas) se enfrenta ahora judicialmente al Ejército: los pobladores exigen la restitución de las tierras donde se asienta un campamento de la Sedena; mientras esta última acusa a los ejidatarios de “atentar contra su honor”, amenaza con promover un juicio por difamación y acelera la expropiación ilegal del terreno.



30 DE MAYO DE 2007


San Cristóbal de las Casas, Chiapas. En lo que podría constituir un rompimiento entre el Ejército Mexicano y un sector simpatizante del grupo paramilitar Paz y Justicia, ejidatarios de El Limar, municipio de Tila, exigen judicialmente a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) la restitución de más de ocho hectáreas.

En el terreno en litigio se asienta la base de operaciones El Limar, adscrita a la compañía de infantería no encuadrada de la 39 zona militar, desde donde se suelen explotar granadas en forma “accidental”, incluso en el perímetro de la población, señalan los habitantes.

En el expediente del juicio 1144/2006, radicado en el Tribunal Unitario Agrario con sede en Tuxtla Gutiérrez, también se da cuenta de otros excesos de la tropa, como la realización de disparos al aire durante las madrugadas y el acoso sexual en contra de las mujeres, particularmente menores de edad, a quienes los soldados intentan prostituir.

Además, las autoridades ejidales de El Limar acusan que en la comunidad se acrecientan las infecciones venéreas por culpa de los efectivos del Ejército. Y también los denuncian por causar daños a la moral y exhibicionismo: “al estar ebrios, hacen sus necesidades fisiológicas sin pudor ni recato alguno a la vista de la población”.

De acuerdo con información de los residentes, de 1996 –año en que se instaló el cuartel– a la fecha se tiene un registro de 32 niños hijos de soldados. Ante estos señalamientos, la Sedena dice ser objeto de “ofensa, mediante la difamación, o sea, el descrédito ante terceros”.

Sin iniciar investigación alguna, y a pesar de que El Limar no es el único sitio en el país donde se hacen públicos los abusos de los soldados en contra de la población civil (recurrentes en zonas militarizadas, donde incluso se han registrado violaciones sexuales y muertes), la Defensa Nacional deslinda a sus efectivos.

En la contestación a la demanda agraria también advierte que los hechos expuestos generan “la animadversión y la pérdida de confiabilidad hacia la institución, al publicar o decir cosas mal intencionadas en contra de su buena opinión y fama como garante de la seguridad, tanto interior como exterior, de la nación”.

La Defensa Nacional -en voz del general brigadier de justicia militar y licenciado, en su carácter de ministerio público militar, Ramón Tovar Caballero- no omite descalificar la versión de los pobladores: “al prejuzgar dolosa e infundadamente la conducta del personal militar destacamentado en el inmueble al que se hace referencia, sin sustentarlo con ningún medio de prueba, se atenta contra el honor de dicha secretaría de Estado”.

Según la Sedena, la comunidad de El Limar pretende causarle “descrédito y deshonra, exponiendo a la opinión pública el desprecio”. Por lo que solicita a las autoridades que, en caso de no acreditar las “graves imputaciones”, inicie averiguación previa en contra de las autoridades ejidales y su representante legal Fernando García Martínez.

José Francisco Gallardo, general brigadier del Ejército y candidato a doctor en Administración Pública por la UNAM, explica que las comunidades indígenas de Chiapas están asentadas en los yacimientos de petróleo, de uranio, en zonas con biodiversidad muy rica y grandes depósitos de agua. Por ello, indica, el objetivo del gobierno federal es expulsarlos.

Para conseguir este fin, expone Gallardo, “el gobierno utiliza la técnica de guerra de baja intensidad, que incluye la provocación de desplazamientos de las comunidades: esto se logra hostigándolos, haciendo disparos al aire, prostituyendo a las mujeres, cooptando el sistema de comercio local, envenenando o ensuciando los ojos de agua”.

El general dice que en el fondo de estas acciones se encuentra el Plan Puebla Panamá, anunciado por Vicente Fox y retomado por el presidente Felipe Calderón. “Lo único que obstaculiza a este plan son las comunidades indígenas, sobre todo las zapatistas”.

El litigio

Desde el inicio de la contrainsurgencia, a El Limar se le conoció como bastión de Paz y Justicia, grupo armado que ha mantenido una estrecha relación con la Sedena, según lo documentado en 2005 por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC).

Sin embargo, tras el litigio agrario y el acercamiento de las autoridades ejidales con dicho centro de procuración de los derechos humanos, el vínculo entre adherentes de Paz y Justicia y militares parece estar, cuando menos, fracturado.

Michael Chamberlin, subdirector del Centro Fray Bartolomé de las Casas, explica que en la década de 1990 El Limar, fue un lugar donde Paz y Justicia obtenía armas y recursos. “Hoy, los priístas y no priístas, los paramilitares y no paramilitares, están pidiendo la salida del Ejército”.

De acuerdo con el expediente, del cual se posee copia, la comunidad exige “se condene a la Sedena a la desocupación y entrega a favor del núcleo agrario que representamos, la restitución del solar 1 manzana 35, con una superficie total de 8.62 hectáreas que actualmente ocupa el cuartel militar en la localidad de El Limar, municipio de Tila, Chiapas”.

Sin fijar aún el monto, las autoridades ejidales también solicitan el pago de una indemnización por los posibles daños causados, así como la cancelación de cualquier convenio que haya facultado al Ejército la posesión del terreno.

Con este último punto, los “limeros” pretenden invalidar el acta de acuerdo –fechada el 22 de julio de 1996 y signada por Carmelino Gómez López y Roberto Díaz Ramírez, entonces comisariado ejidal y consejo de vigilancia, respectivamente– que establece la donación de las 8.62 hectáreas para la instalación del cuartel militar.

Aunque dicho documento fue ratificado el 28 de julio de ese mismo año por la asamblea general, los ejidatarios no sólo se desisten de la concesión sino que denuncian haber sido presionados por sus líderes de Paz y Justicia.

A inicios de marzo pasado, el ex comisariado ejidal, Carmelino Gómez, testificó ante el Tribunal Unitario Agrario que sí firmó las actas de donación, pero aclaró que fue bajo la amenaza de muerte hecha por Diego Vázquez Pérez, líder del grupo armado antizapatista, quien se encuentra preso en el penal El Amate.

Expropiar la tierra

Con el conflicto judicial, la Secretaría de la Defensa ha acelerado el proceso de expropiación, que de por sí ya había solicitado, advierte Michael Chamberlin. De acuerdo con el oficio 18601, dirigido a la entonces secretaria de la Reforma Agraria, María Teresa Herrera Tello, el 15 de febrero de 2001 la Sedena pide que sea expropiado el terreno.

Como utilidad pública, la solicitud 12566/Sedena alude: “las actividades castrenses e instalaciones que se pretenden edificar tienen por objeto establecer la infraestructura necesaria que permita al instituto armado cumplir cabalmente con sus misiones constitucionales y legales, así como las órdenes del presidente de la República”.

Hasta la fecha, dicha petición se encuentra suspendida “porque el expediente no ha sido debidamente integrado, toda vez que hace falta el certificado parcelario de las tierras ejidales solicitadas en expropiación, mismo que obra en poder del Comisariado Ejidal”, indica el oficio 00001048, emitido por la representación especial de la Secretaría de la Reforma Agraria en Chiapas.

De aprobarse esta expropiación, el Ejército pagará al ejido El Limar tan sólo 158 mil 950 pesos por las 8.6 hectáreas, según el dictamen 06-06-108 secuencial G-38822, del Instituto de Administración de Avalúos de Bienes Nacionales.

José Francisco Gallardo refiere que las expropiaciones hechas a favor de la Defensa Nacional carecen de legalidad, pues el interés público al que apelan es la construcción de un cuartel. Además, reconoce que antes de obtener este beneficio, el Ejército se posesiona de terrenos que no son de su propiedad y que ello responde a la misma guerra de baja intensidad.

El Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas tiene documentados 71 campamentos militares permanentes en el territorio indígena de Chiapas. “Sólo en territorio indígena”, destaca Ernesto Ledesma.

El investigador añade que en la actuación de los militares “hay impunidad total”. “Basta revisar qué oficial ha sido castigado en Chiapas. Ninguno. Hasta hoy, el caso de los militares que violaron a las tres mujeres en Morelia se mantiene en total impunidad”.

La defensa

La amenaza del Ejército en su contra, sobre un posible proceso judicial por haber “difamado” a la Secretaría de la Defensa Nacional, motivó que a inicios de marzo pasado las autoridades ejidales de El Limar solicitaran asesoría al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.

De acuerdo con Rubén Moreno, adscrito al área de atención inmediata del CDHFBC y quien da seguimiento a este caso, el centro prepara la estrategia jurídica para la defensa de los ejidatarios.

El defensor adelanta que con los testimonios reunidos se está demostrando que hubo presión, y que las autoridades fueron amenazas para firmar el acta de donación. Por ello considera que hay suficientes elementos para determinar que el Ejército se posesionó de las ocho hectáreas en forma “dolosa, amañada y de mala fe”.

Rubén Moreno dice que, con las pruebas integradas hasta ahora, el Tribunal Unitario Agrario tiene elementos para darle la razón a los ejidatarios. “Los testimonios de la comunidad y de las ex autoridades deben ser un punto fundamental en la resolución del problema, para que el Ejército restituya las tierras”.

Previo a la promoción del juicio, los habitantes denunciaron estas acciones -que el general Gallardo identifica como estrategias de la guerra de baja intensidad- al entonces presidente de México, Vicente Fox. El 23 de mayo de 2003 y el 6 de junio de 2004 solicitaron al mandatario panista que conminara a la Sedena a retirar voluntariamente a su personal destacado en la zona. El 9 de enero de 2005 notificaron al ex gobernador Pablo Salazar Mendiguchía la decisión de expulsar a los militares de sus tierras.

Los oficios girados a las autoridades federal y estatal jamás fueron respondidos y mucho menos resueltos; por lo que, el 8 de septiembre de 2006, el presidente del Comisariado Ejidal, Vicente Hernández López, el secretario Ignacio Jiménez Pérez, el tesorero Mario López Martínez y el presidente del Consejo de Vigilancia, Visael Martínez Pérez, interpusieron la demanda en contra del Ejército.

Michael Chamberlin señala que “frente a esta invasión, a este poder y a esta impunidad que significa el Ejército hay muy pocos recursos de defensa para la gente, que tiene que vivir en una situación de militarización. Se sigue viviendo con temor, las mujeres no pueden salir solas a determinadas horas, hay detenciones de personas, toman recursos del ejido como pozos de agua o leña. Sí hay una afectación: en Chiapas no hay libertad de tránsito, de plena garantía de derechos. Es una situación de excepción que no va a terminar hasta que salga el Ejército”.

Casos como el de la fallecida anciana indígena Ernestina Ascencio Rosario, presuntamente violada por soldados en la sierra de Zongolica, Veracruz, revelan claramente que va a haber un marco de total impunidad. Si ya la tenía el Ejército, ahora va a ser plena y absoluta, porque la legitimidad de Felipe Calderón depende de las fuerzas Armadas, dice Ernesto Ledesma.

Publicado: Abril 2a quincena de 2007 | Año 5 | No. 77




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