Venezuela en el punto de mira por Francisco Vera

Al llegar de Venezuela y volver a la rutina de estas tierras mediterráneas, la imagen de aquel país tropical alegre y forjador me interpela ante informaciones encontradas aquí, en los medios de comunicación internacionales y locales, tratados a mi entender con un acentuado tilde en el morbo político, en algunos casos con enfoques distorsionados y hasta opuestos a la realidad. Realidad que pretendo comentar desde la necesaria y siempre difícil prudencia que obliga el respeto a la gente que allí se juega mucho tratando de levantar democráticamente su país, unos apoyando al gobierno y otros desde la oposición democrática.

El peso de una democracia desprestigiada

La historia de la democracia en Venezuela está llena de evidencias sobre la práctica errónea del hecho de gobernar. El desprecio a las mayorías sociales por una minoría acomodada en los despachos, ignorando la realidad del país y manejando demagógicamente y sin escrúpulos el poder y los recursos confiados, empobreció la vida de la nación. Muchas personas en Venezuela están ahora preocupadas, dudan, no les basta el discurso bonito, la historia les ha mostrado que el modelo de democracia que se implantó durante años degeneró, desviándose al abuso, la corrupción, la burla y el robo descarado, todo ello encubierto en la visa otorgada por los votos.

Con la llegada a la presidencia del ex militar Hugo Chávez se replantea el modelo de república y de gobierno en el país, con un planteamiento a todas luces radical, teniendo en cuenta lo vigente hasta entonces. En ese contexto, los partidos tradicionales pierden influencia social y en consecuencia también electoral. Mientras, las poblaciones de los barrios en las ciudades y de los pueblos y caseríos rurales a lo largo y ancho del país, entienden el leguaje del nuevo líder e intuyen que al fin un gobierno les será favorable. Entra a valer la esperanza y la ilusión.

Al mismo tiempo y como reacción ante el mismo discurso, otros sectores de la sociedad dueños de las finanzas, los negocios, la instrucción privada y la jerraquía de la Iglesia Católica, que tradicionalmente compartieron el poder o sus beneficios en los gobiernos de turno, entienden que el discurso político que está calando en el país no responde a sus intereses, alejándose peligrosamente de lo que hasta entonces había sido el modelo del reparto desigual. Entra a valer la conspiración y la instigación.

Si revisamos la prensa y hacemos un esfuerzo por recordar las noticias transmitidas por televisión sobre Venezuela en los últimos años, se observará que la línea informativa ha sido sistemáticamente la de colocar al gobierno venezolano en el punto de mira de la opinión pública y de las “democracias”, usando entre otros contenidos de supuesto interés público, el modelo de democracia, la imagen pública muy particular del Presidente Hugo Chávez y las excelentes relaciones que mantiene con el Presidente cubano Fidel Castro, intercalando imágenes de los desencuentros entre el presidente de Venezuela y el de los Estados Unidos, George W.Bush.

El papel de los “mass media”

A pesar del cambio en el modelo de democracia en Venezuela, aquella minoría que expolió al país, hoy aparentemente fuera del poder, no afloja su apetencia de mando y riqueza fácil. La virulencia con la que se ha respondido a la decisión gubernamental de no renovar la licencia a Radio Caracas Televisión (RCTV), se enmarca en esta fenomenología de juego de poderes, pero, con un agregado nuevo importante, el Estado y su rol soberano de proteger lo que es de todos los venezolanos.

Las informaciones que nos llegan de cualquier parte del mundo provienen de los medios de comunicación a través de fuentes propias o contratadas que cada uno trabaja y transmite según su línea editorial. Por mucho que se disfrace o se niegue, los medios están alineados con filosofías que responden a modelos de sociedad y en consecuencia a modelos políticos. Solo algunos medios, como honrosas excepciones, parecen realizar esfuerzos profesionales orientando su trabajo en transmitir una información ajustada a los hechos, tratando que sea veraz, y prudente en la interpretación y el análisis.

El tratamiento que gran parte de los “mass media”, mayormente en manos privadas, da a los sucesos y acontecimientos con alcance o efecto a escala internacional, tiene mucho que ver con que el enfoque sea afín, o no, a los intereses y estrategias de potencias dominantes en esa área geográfica, en el presente caso el gobierno de los Estados Unidos. Punto este muy importante a tener presente cuando se quiera entender lo qué pasa en Venezuela y para muchos casos en América Latina, zonas de África, Asia, Oriente Medio y Próximo. Se trata de un “juego” de estrategias para o por el poder.

Estimo que a nadie con sentido común y cierto grado de independencia intelectual que se interese por su país, no le pasará desapercibido que ese “juego” existe por los diferentes enfoques que mueven a los sectores de poder, cada uno guiado por intereses diversos y en ocasiones opuestos. Esto juego también está presente en la realidad actual de Venezuela, principalmente en la política, al igual que lo presenciamos en España entre medios de comunicación, entre derecha e izquierda y entre países de Europa.

Como es de sobras conocido, la mayoría de los “mass media” responden a estrategias de “familias” poderosas que dominan la tecnología y otros campos del desarrollo, con cuyo uso llegan fácilmente a la población, penetran en las casas y conectan con la gente mediante programaciones donde abunda más la fantasía que la realidad, orientadas al culto de la viveza como virtud, al egocentrismo individualista y a la sensibilidad emotiva. Programas con lenguaje pobre y mucha farándula chabacana y panfletera, además de una repetitiva propaganda que destaca el lujo, la vida fácil, la raza blanca, el dinero como objetivo, el alcohol, el éxito fácil y la mujer como símbolo sexual.

El peso de una prórroga no concedida

Los espacios informativos, cuidadosamente pasados en horario estelar, son tratados con mucha atención por los medios de comunicación pues con la selección de noticias y el enfoque en la interpretación de los hechos pueden hacer llegar “su verdad” como la verdad, generando así matriz de opinión pública sobre hechos, situaciones, palabras, prioridades, valores personales, sociales y también políticos.

En un acto administrativo el Gobierno venezolano decide que al vencimiento de la licencia concedida a la empresa “1Broadcasting Caracas” (1BC), propietaria de RCTV, no le será renovado el uso del espacio radioeléctrico abierto (prerrogativa que tienen todos los países del mundo sobre su espacio radioeléctrico), en el entendido que no prorrogar esa licencia en absoluto significa el cierre del canal ni la paralización de las actividades editoriales. De hecho esa empresa emite por Internet, puede hacerlo por cable, graba programas, tiene al aire sus emisoras de radio y edita sus publicaciones, como cualquier otra empresa privada de la comunicación en el país. En el espacio radioeléctrico abierto que ocupaba RCTV tranmitirá TVes (Televisora Venezolana Sacial), una empresa pública autónoma al estilo de la BBC de Londres. Ignasio Ramonet, de Le Monde Diplomatic, valoró la salida al aire de TVes como una medida “a la orden de la verdad, la cultura, la educación y la pluralidad”.

En una muestra de actuación ajustada a la legalidad y por derecho soberano, el Gobierno de Venezuela informó seis meses antes de la fecha de vencimiento del plazo legal que no se prorrogaría el uso del espacio radioeléctrico nacional al canal de televisión RCTV. Hasta aquí la explicación del Gobierno de Venezuela, no objetada formal y legalmente por nadie, salvo por 1BC.

Al hacer una lectura sosegada de los acontecimientos sucedidos en el país en los últimos años y observar los movimientos que allí se manifiestan, se encuentran elementos que llevan a pensar que detrás de este acto administrativo, legal y soberano, hay algo más. Se percibe un trasfondo de alto calado que pudiera tener que ver con el modelo y contenido de la programación televisiva, por un lado y por otro, con el golpe de estado perpetrado el año 2002 contra el gobierno democráticamente electo.

La sombra del golpe de Estado

En el momento del golpe de Estado, mientras otras cadenas de radio y televisión informaban sobre los acontecimientos, RCTV llenaba espacio con música y películas y sólo cuando el golpe estaba prácticamente consumado informó al país, emitiendo imágenes sucedidas, la toma de posición, la declaración del grupo civil-militar que había gestado el golpe y los sucesos posteriores.

Después, consumado el golpe y autoproclamado presidente del país el empresario Pedro Carmona Estanga, el presidente de la empresa “1BC”, Marcel Garnier, hizo acto de presencia en el palacio de Miraflores, hecho que el país interpretó como una muestra de apoyo de esa empresa al régimen golpista que se instalaba, el cual duró del 11 al 14 de abril, día en que Chávez recupera el cargo y las funciones por la presión ciudadana y el grueso de las Fuerzas Armadas.

Ahora bien, si RCTV incumplió y sus dirigentes actuaron de esa manera, ¿por qué el Estado no procedió judicialmente una vez fracasado el golpe? Pregunta que se hizo mucha gente. Parece ser que la respuesta tiene que ver con la tradicional “complejidad” en la que se ven envueltos los jueces para juzgar hechos dónde estén involucrados militares de alta graduación, grandes empresarios, banqueros o eclesiásticos.

En sus típicos chascarrillos y con la ironía criolla, los venezolanos sueltan con asombrosa normalidad comentarios jocosos dando a entender que hay algo más que simples sospechas sobre las componendas y subterfugios en los tribunales, incluso en la Corte Suprema de Justicia. Como ejemplo, se comentaba sobre el fallo de un proceso judicial donde el golpe de Estado no era el motivo del juicio y sin embargo el alto Tribunal que conocía del caso consideró, tangencialmente, que el 11 de abril de 2002 “no existió golpe de Estado” sino “vacío de poder” (¿por encontrarse el Presidente en paradero desconocido?…Chávez estaba detenido en una dependencia militar, situación sobradamente conocida por mucha gente y es lógico pensar que también por los jueces).

Por si hubiera dudas de que fue un golpe de Estado, en ese acto no sólo se sacó al Presidente democráticamente electo, sino que se le encarceló y se le aisló proponiéndole irse del país, y como prueba definitiva y contundente de un plumazo –nunca mejor dicho- Pedro Carmona en el momento mismo que se autoproclamó presidente decretaba la disolución del Gobierno Constitucional, la suspensión de la Asamblea Nacional (Congreso de los Diputados) y la destitución del Tribunal Supremo de Justícia, del Fiscal General de la República, del Controlador General de la República, del Defensor del Pueblo y del Consejo Nacional Electoral, es decir, eliminaba todos los órganos e instancias del poder democrático y constitucional del país.

La Justicia y los Tribunales

La popular y comentada parcialidad de la Corte Suprema de Justicia a quién correspondería entender de esos asuntos, hizo que la desconfianza en que se hiciera justicia se convirtiera en una percepción pública generalizada que, parece ser, tuvo su efecto en el Gobierno y en la Fiscalía General de la República.

En este escenario de desconfianza en el sistema judicial y teniendo en cuenta que la “oposición” mantenía control sobre gremios de profesionales, sobre la mayoría de los medios de comunicación en Venezuela y una fluida relación con poderosos sectores privados de la comunicación las finanzas y la política a nivel internacional, el Gobierno venezolano parece que optó por la prudencia, mano izquierda con los actores del golpe (por cierto, casi todos fuera del país) y tiempo para analizar el alcance del golpe, los vínculos establecidos y los niveles de responsabilidad.

Al cumplírsele el plazo de uso del espacio radioeléctrico a RCTV, el Estado soberano entendió que, soberanamente, tenía que actuar ajustado a la ley. Peró, ha sido un acto del Gobierno no entendido por gran parte de la población venezolana, habituada a ese modelo de televisión, hasta el punto que a muchos venezolanos y venezolanas además de sorprenderles la medida les ha movido a protestarla. Haciendo memoria de la historia del país en los últimos 60 años, del modelo de vida y del estilo de sociedad que se indujo por la televisión, no es de extrañar esta reacción social.

El tipo de valores y el modelo de vida que RCTV transmitió durante 53 años caló en la población, efecto que sin duda está presente en la escalada de protestas desatada, capaz de suponerle un alto costo de opinión pública al Gobierno y al proceso político iniciado en Venezuela. Pero ¿por qué tanto escándalo por un acto de soberanía para el que cualquier gobierno está autorizado, cuando, además, en la historia de la democracia venezolana existen otros episodios similares sin suceder una reacción como la que hoy se propicia en el país e internacionalmente?

La empresa “1BC” ha reaccionado con gran alevosía desde que se anunció en diciembre 2006 la posibilidad de no extenderle la cesión del espacio radioeléctrico, actuando más como un partido político que como medio de comunicación, con monólogos de tinte político, provocando caceroladas, protestas y liderando alegatos dirigidos al país en actos públicos y respaldando manifestaciones callejeras, vociferando en cada acto que la “libertad de expresión” está en peligro atacada por el gobierno.

La estrategia de la crispación

Tras el discurso sobre la censura a la libertad de expresión (difícil de entender para quién lee la prensa o escucha la radio y televisión del país donde, hasta la saciedad se hace mofa insultante del Presidente, de su gobierno y de sus políticas, sin que hayan sido censurados o alguien detenido por ello) se esconden cálculos que explicarían esa agresividad, la estrategia de enguerrillar a la opinión pública venezolana y de envenenar a la internacional por medio de los poderosos sindicatos patronales de los “mass media” privados, en especial los del mundo occidental. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha calificado el acto de soberanía nacional como “una violación más de la dictadura de Chávez”. Lo difícil para RCTV será justificar esa agresividad en tanto que medio de comunicación.

Con el espacio radioeléctrico abierto, RCTV era uno de los canales de televisión del país que llegaba a todo el territorio nacional. Un canal que disponía de un menú muy apegado al modelo de vida y de sociedad de los países occidentales desarrollados, con programas cómicos y dramáticos de alcance popular, muchas películas con violencia y programas de dudosos valores educativos. La audacia que este canal fue desarrollando lo llevó en el pasado a enfrentamientos con los gobiernos, pero nada comparable con el comportamiento observado en los últimos años que llegó a producir y transmitir contenidos de claro posicionamiento ideológico y político, políticamente beligerantes, por su particular interpretación y uso de la libertad de empresa y de la libertad de expresión, suponiéndole varios procedimientos administrativos por prácticas desleales en los años 2003, 2004 y 2005, con infracciones incluídas.

En los gobiernos de AD (socialdemocràcia) y de COPEI (democracia cristiana), RCTV fue sancionado con cierre temporal del canal por infringir normas y leyes en los años 1976, 1980, 1981, 1989 y 1991, el canal bajaba su incidencia sin que, necesariamente, modificara el fondo de su proceder, privilegio que por lo visto otorga el dinero a los imperios mediáticos en nombre de la libertad de empresa. Ahora en el 2007 ha actuado el Gobierno de la Revolución Bolivariana.

RCTV llegaba con su programación a todo el territorio nacional, alcance que estimadamente le reportaba, entre otros beneficios, unos 485 mil millones de bolívares al año por publicidad (unos 170 millones de euros). Obviamente la propiedad del canal vio que al no renovársele la licencia perdía dos fuentes estratégicas muy importantes para sus intereses, una de carácter político y la otra financiera: la capacidad de influencia en la ciudadanía, y unas lucrativas y muy sustanciosas ganancias. Es decir, perdía poder mediático y poder financiero.

Los medios de comunicación privados, nacionales o de otros países, han montado una campaña agresiva contra el Gobierno de Venezuela, presionando incluso a instituciones internacionales multilaterales como la OEA, la ONU y la Comunidad Europea. Estamos ante una muestra de cómo reacciona el capital cuando ve peligrar su protagonismo y su dominio, una reacción de carácter virulento que acude a cuantas estratagemas sean necesarias y a cuantas alianzas locales e internacionales precise y, cueste lo que cueste.

En el 2002 se llevaron a cabo grandes protestas contra el gobierno de Chávez por la aprobación de 47 leyes orientadas a, entre otros objetivos, la pesca artesanal, la reforma agraria y a cautivar miles de hectáreas de tierras ociosas. Recuérdese el cierre empresarial de 2002 para presionar al gobierno de Chávez pero que, contradictoriamente, llevó a la quiebra a miles de pequeñas y medianas empresas, provocó un aumento inmanejable de la deuda externa, casi llevó a la ruina a la nación, aumentó dramáticamente el desempleo y produjo un escandaloso y criminal desabastecimiento de productos básicos y estratégicos. Pero parece ser que al gran capital todo esto no le importó, el objetivo era derrumbar al gobierno por la presión social interna y la presión comercial y financiera internacional. Una muestra más del divorcio, por no decir desconocimiento o desinterés, que la alta y media burguesía venezolana tiene sobre el 70% de la población del país.

La empresa “1BC” no es la excepción. Esto explicaría el protagonismo político, casi insurreccional, que ha asumido la dirección de la empresa convirtiendo el poder mediático en fuerza política, apoyados por sectores reaccionarios del empresariado, las finanzas y la jerarquía de la Iglesia Católica que, so pretexto de solidarizarse completan la corriente desestabilizadora que han desplegado contra cualquier pronunciamiento, propuesta o política del Gobierno Nacional. Sin duda alguna, la decisión del Gobierno de no prorrogar la licencia a RCTV ha proporcionado un goloso filón a quienes por intereses –confesos o inconfesos- o por convicción ideológica se niegan al cambio, dándoles un poderoso argumento para potenciar las campañas de difamación que abanderan apoyándose, en este momento, en la alta sensibilidad que la sociedad venezolana demuestra tener ante cualquier anuncio de riesgo para la libertad.

La mano del “sheriff”

Pero esta trama de intereses no se reduce al territorio venezolano, hay mucho de geopolítica y de política global en este asunto. Va más allá del Gobierno y de la empresa “1BC” -cosa que ha pasado y puede seguir pasando-, o de ser un enfrentamiento entre izquierda y derecha, por demás muy normal en las democracias occidentales y que de serlo resultaría un caso menos complejo para encarar y resolver.

Al principio de esta nota he hecho referencia a los Estados Unidos, sus intereses y estrategias, dejando entrever que el gobierno norteamericano pudiera tener las manos metidas en la convulsionada Venezuela. Ciertamente, mucha es la tinta que se gasta sobre este asunto a nivel nacional e internacional y, cuando el río suena piedras lleva.

Para nadie es un secreto que los Estados Unidos está actualmente interviniendo en Colombia, que en el pasado metió las manos en Guatemala, República Dominicana, Brasil, Nicaragua, El Salvador e invadió Grenada, mención especial el caso de Chile donde se dio un golpe criminal contra la democracia, con miles de muertes y la imposición de una cruel dictadura. Y así en otros países del mundo. Aunque todo eso parezca historia, es también presente, muchos son los datos recogidos en hemerotecas al alcance de quien se interese, además de los documentos oficiales hoy desclasificados. Ayer Estados Unidos escudaba su apetencia detrás de la lucha contra el comunismo, hoy en Irak en nombre de la democracia ha provocado más muertes que durante la dictadura de Sadam Hussein, y ahora en Venezuela en nombre de la libertad de expresión, pero siempre y en todos los casos el gobierno norteamericano interviene, auque sea de manera subversiva, con la pretensión más o menos evidente de imponer su poder y sacar tajada en casa ajena.

No es este un tema anecdótico ni banal, ni de una manía persecutoria o anti “yanqui”, se trata de la figura de quien pretende controlar y dominar lo que considera es de su interés como, por ejemplo, el rico espacio que es América Latina, y en el presente caso Venezuela, país próximo y petrolero. En el fondo es una cuestión de dominio y de poder. Dos abogadas norteamericanas con documentos en mano han denunciado que instancias vinculadas al Gobierno y al Congreso de los Estados Unidos, disfrazadas de ONG, envían grandes sumas de dinero para financiar actuaciones de la “oposición” contra el gobierno actual de Venezuela. Dos de las entidades identificadas son la Nacional Endowment for Democracy (NED) y la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID). Un archiconocido proceder del imperio cuando no puede doblegar a quien se le resiste, localizando “partenaires”, personas y entidades ambiciosas, inescrupulosas o ingenuas que no dudan en vender la dignidad y el honor por un puñado de dólares.

Desde 1998, cuando asumió la presidencia del país Hugo Chávez, se han arquestado diferentes campañas para desestabilizar su gobierno, las más sonadas han sido las innumerables manifestaciones desde el 2001 al 2004, la huelga general de diciembre 2002 a febrero 2003, el golpe de Estado el 2002, el cierre petrolero en el mismo 2002, los desórdenes públicos en 2003 y 2004, el referéndum revocatorio en el 2003, la intromisión de paramilitares colombianos en 2004, el sabotaje petrolero de 2005, el intento de boicot a las elecciones en 2005, etc., casos en los que se encontraron rastros que señalaban al gobierno estadounidense, oportunamente denunciado por el Gobierno venezolano.

Venezuela está en la mira del poder global, Condolezza Rice lo dijo alto y claro en la última Asamblea de la OEA. El proceso que se adelanta en Venezuela con políticas orientadas a cambiar paradigmas y prioridades en áreas estratégicas como la salud, la economía, la educación, la agricultura, los recursos mineros y petroleros, las infraestructuras, etc., enfocadas a responder a la sociedad venezolana toda peró principalmente a los sectores más desfavorecidos, parece no satisface al control del norte ni tampoco a los señores del expolio y la especulación, sean venezolanos o de otros países, más bien parece como si el proceso venezolano resultara harto peligroso para los intereses de quienes hasta hace poco han controlado el modelo político y las riquezas del país.

En torno a la la libertad de expresión

En relación a la difundida lesión que se estaría infringiendo a la libertad de expresión, lo que procede es remitirse a pruebas. Véanse unos datos fáciles de corroborar: en Venezuela no hay detenidos por emitir opinión, ni por insultar al Presidente de la República, tampoco hay algún comunicador social o dirigente social, gremial o político preso por emitir opinión o criticar al gobierno, y en el caso de RCTV está demostrado por ley que no ha sido un cierre –como la empresa y la oposición interesadamente insisten-, sino un acto administrativo para lo que el Gobierno tiene atribuciones.

Paradójicamente en este caso, los sectores de la sociedad opuestos al gobierno de Chávez, sean políticos, empresarios, de la sociedad civil, eclesiásticos o ex militares, declaran casi a diario con mucha vehemencia y sin cortapisas sobre la agresión a la libertad de expresión y lo hacen en convocatoria pública, ante cámaras y periodistas de canales, emisoras y prensa nacional y extranjera. ¿Cómo entender la afirmación de que no hay libertad de expresión? Para algunos analistas es una treta más de la oposición, pensada y orquestada con la estrategia de repetir hasta el cansancio el mensaje y si cala, cala, apostando a que la mentira repetida se convierta en verdad creída.

Pero los hechos son los llamados a demostrar lo que realmente pasa. Un país con políticas sociales y económicas de amplio alcance y rompedoras de esquemas obsoletos, como parece ser que nunca antes se habían implementado, políticas orientadas a beneficiar a la población en general con ahínco en los sectores excluidos del beneficio del petróleo, que nunca antes se había tenido en cuenta como ciudadanos salvo para trabajos duros y mal pagados, comunidades arrinconadas en los cerros de las ciudades y abandonadas a su suerte en los campos, sin tierra sin servicios y sin recursos.

Al otro lado del océano, en España, el ejemplo supera la crítica

Desinformar, es decir “dar información intencionadamente manipulada al servicio de ciertos fines” a veces se convierte en una estrategia para los intereses hegemónicos que, aunque reconocidamente inmorales, está muy al uso en todos los terrenos, incluso en la política. Como es lógico suponer, la desinformación puede llevar a cometer graves errores en la toma de decisiones, sean de alcance público o privado, con el grado añadido de hipocresía si se es consciente de ello. Para la gente soberbia es difícil aceptar que comete errores, mientras que, escandalizados, no dudan en difundir sin escrúpulos la brizna en el ojo del vecino.

Hay dos casos españoles que estimo ilustrativos de hasta donde llega la hipocresía cuando se trata de opinar de los demás, sin un ápice de autocrítica. Cuando leí esas dos noticias identifiqué su fondo con lo que está pasando en Venezuela, salvando, por supuesto, las diferencias obvias. Veamos esos hechos de quienes, considerándose poseedores de la verdad y de los valores, navegan en ese tormentoso mar del descrédito y el autoritarismo, confundiendo, destapando demonios y llevando a errores. Por una parte, la respuesta del Partido Popular ante declaraciones del presidente del grupo PRISA, y por la otra la reacción de la Conferencia Episcopal ante la LOE.

Caso uno: el presidente del grupo PRISA denuncia como inaceptable para los intereses generales del país el que partidos políticos españoles sistemáticamente tengan una posición negativa y beligerante contra cualquier actuación del Gobierno de España sin importar la que fuere, usando para ello y también como proselitismo partidista entre otros instrumentos la lucha contra el terrorismo y el miedo de la población al terrorismo; el Partido Popular se da por aludido declarando públicamente su molestia y desacuerdo con lo dicho e instruye inmediatamente a sus organismos y militantes “boicotear” a los medios de comunicación del grupo PRISA, especialmente a la SER y a EL PAÍS. ¿Tiene este comportamiento alguna relación con el autoritarismo, la libertad de expresión y el poder? ¿Se le encuentra parecido con lo que está pasando en Venezuela?

Caso dos: la declaración de la Conferencia Episcopal sobre la LOE refleja que se trata de una prueba de poder contra quién no han podido doblegar a su antojo, al mostrarse como un Gobierno que actúa para la ciudadanía. Los obispos denuncian que con la LOE el gobierno se arroga el papel de educador moral, prerrogativa que estiman de la Iglesia en la catequesis, dejando entrever que sólo ellos son poseedores y veladores de la moral. Cosa que confunde pues la tolerancia, el espíritu crítico, el respeto al diferente, la conciencia ética, la comprensión, la solidaridad, la sensibilidad por la vida, los derechos humanos, etc., patrones de la moral, son derechos y deberes, valores inherentes a la Humanidad y consecuentemente presentes en todo ser humano, aunque las personas hayan o no tenido la oportunidad y los medios para hacerse conscientes de ellos, desarrollarlos y actuar según esos valores. Conscientes de que se escapa de su control la formación de la ciudadanía, los señores Obispos con expresión molesta llaman a “defender la libertad de conciencia y de enseñanza” en clara actitud de rebeldía, que llama la atención por cuanto los obispos católicos no toleran intromisión alguna en sus decisiones e instrucciones, ni tan siquiera de los fieles militantes católicos, salvo en aquello que no afecta la autoridad ni la doctrina, es decir, que no toca al poder. ¿Resulta esto familiar con el caso venezolano sobre la pérdida de protagonismo, la desobediencia calculada, la rebeldía y la lucha de poder?

La libertad como enseña

En Venezuela las clases alta y media-alta está en rebeldía contra el gobierno, intentando crispar a la opinión pública con aparente intención desestabilizadora a través de medios de comunicación privados. Gran parte del sector empresarial en España, con las clases altas y la mayoría de obispos a su lado, arremeten en cualquier oportunidad y con cualquier medio a su alcance contra decisiones y políticas de marcado cariz social, humanista y de libertad. En ambos países sus pueblos claman justicia, y quieren cambios en las políticas, en las prioridades de los gobiernos y en los paradigmas para gobernar. Mientras, los sectores dominantes se aferran al “status quo” que los ha beneficiado, denunciando como perversidad todo intento de cambio y de búsqueda del equilibrio económico y social. Grandes diferencias que tiene mucho que ver con la libertad, la justicia y la libertad de expresión.

La intención con esta nota es aportar elementos para pensar y hacerlo detenidamente, se coincida o se disienta, lo importante es provocar interés por obtener más datos que ayuden a construir opinión propia. En Venezuela y en otros países se están dando procesos sociales y políticos con énfasis en la participación de la ciudadanía y en la búsqueda de modelos de sociedad y de economía productora de riqueza, con equidad y con justicia global. Pensemos con sosiego mirando alrededor nuestro, también más allá al mundo en su complejidad, respetando los procesos de los pueblos y las características de cada realidad social y cultural, sin enjuiciar ni estigmatizar, queriendo entender.



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