La represión en El Salvador y las leyes antiterroristas en el continente

COMPA

El dos de julio pasado, en la comunidad de Suchitoto, El Salvador; en medio de una lluvia de gases lacrimógenos y disparos fueron detenidas 14 personas, las que son acusadas de actos de terrorismo, daños agravados y lesiones. L@s compañer@s son en su mayoría integrantes de la Asociación para El Desarrollo de El Salvador (CRIPDES), organización que se encontraban presentes en Suchitoto en una manifestación en contra del lanzamiento de la Política Nacional de Descentralización y la inauguración de un proyecto de agua, donde se hizo presente el Presidente Antonio Saca.

La violencia con que manejaron la situación los miembros de la UMO (Unidad de mantenimiento del Orden) es una muestra más de la estrategia de terror estatal que se viene dando en El Salvador durante las últimas décadas. Precisamente ese día era el aniversario de la muerte del cruento asesinato de Juanita Monjarás de Manzanares y Francisco Manzanares, ocurrida en Suchitoto el 2 de julio del 2006, crímenes que se mantienen en la impunidad hasta la fecha.

La política nacional de descentralización no es mas que un eufemismo para el proceso de privatización del agua que vienen imponiendo los organismos financieros internacionales en todo el continente, y la respuesta violenta de parte del Estado Salvadoreño a la manifestación de Suchitoto, y la aplicación de la Ley Antiterrorista no es más que una consabida estrategia del imperio en América Latina de criminalizar la respuesta del movimiento social a los procesos de desterritorialización y apropiación de recursos por parte de las transnacionales.

La Ley Especial Contra Actos de Terrorismo fue aprobada en El Salvador el 21 de septiembre del 2006. Consta de 53 artículos y clasifica 29 acciones como "actos terroristas". Los 14 encausados bajo los cargos de terrorismo tendrán que esperar tres meses hasta que la Fiscalía General recopile todos los elementos acusatorios para que sean condenados a penas que podrían llegar hasta 60 años de cárcel.

El caso de los detenidos en Suchitoto nos trae a la memoria la reciente sentencia que se dio en México en contra de Ignacio del Valle Medina, Felipe Alvarez Hernández y Héctor Galindo Gochicua, dirigentes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), de San Salvador Atenco, los que fueron sentenciados el cinco de mayo pasado a 67 años y seis meses de prisión cada uno. El pasado 26 de abril el Senado de la República Mexicana aprobó 12 leyes, entre ellas el artículo 139 del Código Penal Federal, en la que impone sanción de seis a 40 años de prisión, y hasta mil 200 días de multa. El artículo 139 fue elaborado a la medida de los requerimientos de los Estados Unidos siendo la esencia de esa ley un ejemplo claro de como la protesta social se ha convertido en un crimen bajo el pretexto de considerar terrorismo "cualquier presión para que las autoridades tomen una determinación".

En Argentina sucedió algo similar, cuando el pasado 06 de junio, en una hora y media fue aprobada la ley antiterrorista en el senado, con 51 votos a favor y 1 en contra. Días después, el 13 de junio, en la cámara de diputados, luego de 3 horas de llamado a la sesión el oficialismo alcanzo el quórum y por mayoría, el proyecto del Poder Ejecutivo Nacional 449/06, firmado por el presidente Néstor Kichner que reforma el Código Penal, se convirtió en Ley. En febrero de este año, los integrantes de la mision Argentina ante el GAFI (Grupo de Acción Financiera) fueron informados que ese país tenia plazo hasta mediados de junio para que la legislación incluyerá normas que combatan al terrorismo. De no ser así, Argentina sería declarada como no confiable para las inversiones internacionales.

Los hermanos mapuches de Chile se les ha venido aplicando la ley antierrorista que data de la época de Pinochet. No en balde se tuvieron que declarar en huelga de hambre los compañeros mapuches Patricia Troncoso, Juan Huenulao, Jaime Marileo y Juan Marileo los que fueron acusados de un incendio terrorista y condenados a 10 años y un día mas al pago de una indemnización de $424.964.798 a la empresa forestall MININCO, la Ley Antiterrorista (ley 18.314), además de la Ley de Seguridad Interior del Estado sirvieron para demostrar una vez más la persecución que existe en Chile en contra de las poblaciones autóctonas, y como la defensa de sus territorios ancestrales es considerado un acto de terrorismo.

El caso de Colombia es aún más patético: el 60% de los sindicalistas asesinados el año pasado en el planeta, eran oriundos de ese país. La paramilitarización de la Fiscalía fue denunciada por el Senador Gustavo Petro. Loque según el senador significa, "que en el momento actual cualquier persona corre el riesgo de ser detenido y acusado de ser subversivo". La cruenta guerra que se viene librando en ese país durante los últimos 50 años, ha sido utilizado para efectuar periódicas purgas politicas, donde los defensores de derechos humanos, sindicalistas, líderes indígenas y la población en general se ven expuestos a ser acusados bajo cualquier pretexto de ser elementos al servicio del terrorismo, y pasar a engrosar la larga lista de desplazados o desaparecidos.

Cabe señalar el papel en que se han visto envueltas algunas compañías transnacionales en la guerra sucia librada en ese país. El sonado caso del Delmonte, donde según los señalamientos de Salvatore Mancuso - líder paramilitar - la compañía bananera hizo pagos en efectivo y apoyo logístico a las bandas de forajidos al servicio, crímenes por los cuales recibió una multa impuesta por las autoridades estadounidenses. En las últimas semanas ha salido a luz pública los asesinatos de sindicalistas mineros de la mina del Cerrejon ultimados por encargo de la transnacional Drummond.

El movimiento social de América Latina registra una ofensiva por parte de los estados-nación que responden a los intereses del imperio, siendo evidente la imposición de leyes antiterroristas calcadas de Ley Patriota, fabricada después de los atentados del 11 de septiembre del 2001, cuando las agencias de "inteligencia" de los Estados Unidos, ya sea por negligencia o complicidad se vieron rebalsadas por los hechos ocurridos. De la misma forma como las torres del World Trade Center se desintegraron las libertades civiles de ese país se esfumaron y a partir de esa fecha en los países de América Latina hemos sufrido un retroceso en materia de derechos humanos diluyéndose logros que costaron décadas en obtener.

El encarcelamiento de los compañeros de CRIPDES y la violencia aplicada a la comunidad de Suchitoto es una pesadilla que nos atañe a todos los latinoamericanos. El enajenamiento de las autoridades judiciales de El Salvador acompañado de la prepotencia del ejecutivo son señales de como el terrorismo de Estado será un arma para los procesos de privatización del agua y los servicios públicos en general, al mismo tiempo que el Plan Puebla Panamá con sus planes de desarrollo destructivo serán un pretexto para un retorno de la cacería de brujas de la década de los años 80.

!Condenamos y Repudiamos estos actos de Terrorismo de Estado en contra de las organizaciones de El Salvador y America Latina!

¡BASTA ya de Represión y Criminalización del Movimiento Social!

Reiteramos nuestra solidaridad con nuestr@s herman@s de (CRIPDES)


Convergencia de Movimientos de
los Pueblos de las Americas, COMPA


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Minga Informativa de Movimientos Sociales
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